El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró en las últimas horas que el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria respeta la Constitución Política del Estado (CPE) y garantizará la protección de la salud.

“Los temas de constitucionalidad en el país tienen que regirse por un ámbito que genere la protección de la salud como valor fundamental de los bolivianos, esto amerita que analicemos toda la situación de las competencias autonómicas en el marco del Protocolo de San Salvador, de la Constitución Política del Estado y especialmente de las sentencias constitucionales”, manifestó la autoridad.

El viernes se dio inicio al tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El texto ya fue aprobado, sin modificaciones, por la mayoría del MAS en Diputados y deberá ser considerado por el Senado.

Respecto a las competencias de Gobierno, el artículo 22 del proyecto, señala, “(…) de manera temporal y únicamente cuando éstas se hallen rebasadas en su capacidad de respuesta, esta avocación, será de forma provisional, en el marco de la misión constitucional de garantizar el derecho a la salud”.

Al respecto, Lima aseguró que no existe vulneración a lo establecido en la CPE, ni en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, o en los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas de las Entidades Territoriales Autónomas, ya que la medida es temporal y aplicable únicamente ante la imposibilidad de brindar atención adecuada en salud.

Aseguró que las competencias autonómicas no están en riesgo. “Este artículo tiene que ser analizado en un contexto general, la prioridad en este momento es la salud del pueblo boliviano”.

Por otro lado, el artículo 19 del proyecto normativo establece que “durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas”.

Al respecto aclaró que, durante la gestión de la exministra de Salud, Gabriela Montaño, el TCP dictó la sentencia 326/2019 que establece que los médicos no pueden desarrollar huelgas ni paros, sin embargo, de acuerdo a la sentencia, hasta septiembre de esta gestión y mediante una ley, se les debe otorgar mecanismos de compensación para aplicar otras formas de protesta social.

Asimismo, el artículo 28 del proyecto especifica que el Ministerio de Salud “(…) podrá simplificar los requisitos y procedimientos para la contratación del personal médico (…) quedando habilitado a contratar a profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o el extranjero, estudiantes de medicina y jubilados”.

Lima remarcó que a partir de una serie de amparos constitucionales presentados desde la gestión 2020, se obstaculizó que los médicos que estudiaron en el extranjero puedan ejercer su profesión en el país; actualmente, ante un eventual colapso del sistema sanitario por la pandemia, se podría requerir el trabajo tanto de estudiantes de medicina, médicos jubilados y como de aquellos que tengan un título de alguna universidad extranjera, lo que busca es viabilizar dichos contratos.

Por: El Deber

Por Taxi Noticias

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