Algunos lo llaman loco, vago y flojo. Otros sin conocerlo le gritan que busque trabajo. Pero pocos saben que ya hizo eso. De hecho, lleva dos años en esa búsqueda sin fin, pero en ese tiempo solo encontró puertas cerradas; sufrió penurias económicas y una fuerte desesperación. 

Es un desempleado más que se suma a los miles que hay en el país. Él es Gonzalo Melgar, de 52 años, contador de profesión que al momento de redactar esta nota llevaba 44 días de huelga de hambre exigiendo la devolución de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin nada más que la ropa que lleva puesta, y un suero que lo mantiene en pie, el hombre quiere retirar los Bs 217.000 que tiene ahorrados para su jubilación. Y no es el único.

En el país hay muchos como él. Varios están desempleados y no pueden jubilarse, porque a pesar de tener los aportes que establece la Ley, no cuentan con la edad para pasar al retiro.

Lo peor es que al ser personas de mediana edad (entre 45 y 55 años) encontrar un trabajo formal, con prestaciones, seguro médico y todos los beneficios sociales, es una quimera, algo que difícilmente en tiempo de pandemia pasará.

“Llevo dos años y medio buscando trabajo, pero las empresas no quieren a personas mayores, prefieren pagar poco a alguien más joven; la experiencia ahora no vale nada”, señala el hombre.

Pero también existen personas con más de 60 años que siguen trabajando. Pese a tener la edad para jubilarse, no quieren retirarse por las bajas rentas que percibirán.

Gustavo Rodríguez, investigador de la organización para la Seguridad Social Flora Tristán, citando datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), dijo que este grupo asciende a 672.277 personas, que están atrapadas por el desempleo y el temor a recibir pensiones ínfimas para subsistir.

Varias de estas personas que están inscritas en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) se unieron al Movimiento de Emergencia Nacional para la devolución de los aportes a las AFP, que exige la restitución total o parcial de sus ahorros previsionales.

Desde 1997 los recursos del SIP son manejados por las AFP, BBVA Previsión y Futuro. Entre ambas gestionan los recursos de los más de 2,4 millones de aportantes, que según la APS llegan a $us 20.271 millones.

Actualmente la Cámara de Diputados analiza un proyecto de Ley que restituye de forma escalonada estos recursos. Con esto el Gobierno prevé inyectar $us 500 millones a la economía y beneficiar a 1,6 millones de personas.

El proyecto establece que se devolverá el 100% de estos fondos cuando en el saldo de los beneficiarios mayores de 50 años, exista un monto igual o menor a Bs 10.000. Así también se restituirá el 15% de sus contribuciones a la gente que tenga en sus cuentas de ahorro previsional una cifra igual o menor de Bs 100.000.

Lejos de la realidad

El proyecto es rechazado por personas como Gonzalo. El hombre cuenta con un capital superior a la franja establecida en el proyecto para acceder a una devolución.

Antes de iniciar su huelga, en las afueras de la administradora BBVA Previsión, por dos años buscó trabajo de contador, pero no consiguió nada, solo oficios eventuales como ayudante de albañil, limpiando terrenos, de lava platos y cocinero. A lo mucho ganaba Bs 1.500 mensuales.

La cifra está lejos de los Bs 14.000 que llegó a percibir en su último trabajo fijo. Al quedar desempleado pensó en abrir una churrasquería, pero su proyecto no prosperó por falta de capital.

“Mi desgracia comenzó en 2018, perdí mi trabajo y me desalojaron de mi casa. Luego mi esposa me dejó y se llevó a mis tres hijas menores. El mundo se me vino abajo. Quiero que me devuelvan mi plata para invertir en un negocio, porque a mi edad no voy a encontrar trabajo”, cuenta.

Por más de 20 años trabajó en varias empresas. Esto le permitió tener una buena calidad de vida, sostener a sus siete hijos, tener una casa y ayudar a sus padres. Pero ahora está quebrado.

“Estoy haciendo esto porque no tengo otra alternativa. Tengo siete hijos, una madre de 80 años y un padre de 85 que necesitan de mí. Pero sin dinero es imposible ser un apoyo”, señala.

 “Mi única salida”

A más de 1.000 kilómetros de Gonzalo, en la ciudad de La Paz, María Luna, una licenciada en Administración de Empresas, de 44 años, hasta antes de la pandemia tenía una vida normal. Era funcionaria de una entidad financiera, tenía un buen sueldo y comisiones. Todo se vino abajo en 2020, la pandemia hizo que la empresa donde trabajaba recorte personal; quedó en la calle sin sueldo fijo y acumuló deudas.

“Tengo que mantener a mis tres hijos y mis papás. Pero con esta situación no se puede conseguir trabajo. Durante toda la cuarentena tuve que recurrir a mis ahorros”, explica Maria.

Antes de ser despedida, contaba con un ingreso de Bs 9.000 mensuales, gracias a incentivos y comisiones. Este monto le permitía costear el alquiler de su casa, sus gastos personales y los tratamientos de su hijo menor: Joel de 13 años, el pequeño sufre autismo, y el de su madre que sufre una fibrosis pulmonar.

Con un cúmulo de deudas y cada vez lejana la posibilidad de encontrar un trabajo estable, se planteó la idea de independizarse, pero para eso necesita capital: algo que no tiene.

“Mi única salida es poder retirar mis aportes. Pero acceder a un 15% de los más de Bs 40.000 que tengo ahorrado no me sirve, el monto es bajo. Tenía la esperanza de recuperar todo y así tener la posibilidad de realizar un nuevo emprendimiento para poder mantener a toda mi familia”, señala

“Renuncie a mi jubilación”

Al igual que María, Agustín Figueredo perdió su trabajo en marzo del año pasado. Él es un técnico industrial.

El hombre de 43 años por mucho tiempo trabajó en diferentes industrias. Sus últimos trabajos fueron en una planta de cemento de Potosí y en una fábrica de procesamiento de quinua, como jefe de mantenimiento. Tras la declaratoria de emergencia nacional se quedó desempleado.

Dejó de percibir los Bs 8.000 al mes que cubrían la manutención de sus tres hijos. Después de perder su trabajo su refugio económico fue la pequeña panadería de su familia. Pero el negocio apenas da para subsistir.

“Generamos lo básico. Y estamos en una situación complicada; nos da miedo salir a la calle y enfermarnos”, sostiene.

Durante más de 15 años de trabajo aportó más de Bs 60.000, de los cuales, según el proyecto de Ley, podrá acceder solo a un 15%.

Desea armar una granja de pollos en Irupana y ampliar el negocio familiar, pero lo que sacará “no alcanza para nada”.

“Muchos queremos renunciar a nuestra jubilación porque es una miseria. Quiero sacar mi dinero e invertir en un negocio que me de la seguridad de que voy a tener plata cada mes. Esa será una herencia para mis hijos, porque este dinero que tengo en las AFP no es hereditario. Voy a generar mi propia jubilación”, afirma.

Al igual que Gonzalo, asegura que la experiencia ya no cuenta en el mercado laboral, porque “muchas empresas prefieren contratar a gente con poca experiencia y pagarle poco”.

“Cuando estás llegando a los 50 años te cuesta encontrar trabajo en Bolivia, la experiencia cuesta, pero la economía está mal”, dice.

Trabajar después de los 60

Tres Ríos es un pequeño pueblo ubicado entre los cerros Illimani y Mururata. Esta localidad es parte del municipio de Irupana, provincia Sud Yungas de La Paz. En este lugar, donde el acceso al internet es casi nulo, al igual que la señal telefónica, Enriqueta Pérez, de 70 años de edad, ejerce la profesión más noble: la docencia.

Es la maestra de 16 chicos que cursan el tercer año de secundaria, a quienes espera guiar otros tres años más.

En sus espaldas tiene 43 años de servicio. Según la legislación boliviana ella debería estar jubilada, pero no piensa en el retiro

Pese a tener problemas cardíacos, se siente con fuerzas para seguir guiando a “sus niños”.

Si bien su vocación la impulsa a seguir trabajando, la necesidad de mantener un ingreso digno también lo hace. Hace algunos años pensó en el retiro, pero al saber lo que recibiría de renta desistió de esta idea.

“Iba a recibir una renta miserable”, dice cuando recuerda el día que se enteró que tendrá Bs 2.225 al mes por décadas de servicio.

Ella está en la última categoría dentro del magisterio: la del mérito. Esto le permite tener un ingreso liquido de Bs 8.400, con los que cubre su alimentación y chequeos médicos con doctores particulares, porque asegura que la atención en su seguro da pena.

“Trabajar por tantos años y que me quieran dar Bs 2.225 de jubilación es una estafa. Me descuentan Bs 1.500, por eso me he sumado a este movimiento. Estamos decepcionados, estábamos esperanzados en recibir por lo menos un 50% de nuestros aportes”, sostiene.

La docente incluso está dispuesta a no recibir ningún tipo de beneficio con tal de sacar todo su dinero. Asegura que invirtiendo en las dos microempresas de sus hijas tendría un ingreso mensual de hasta Bs 10.000, porque son negocios rentables.

“Yo quiero invertir en ellas, porque eso me generaría más que una renta mísera de Bs 2.225. No entiendo por qué no podemos tener nuestra plata”, afirma.

Mientras no tengan certeza de tener un ingreso digno para descansar, la profe Enriqueta seguirá con fuerzas para seguir enseñando en ese pequeño poblado en medio de grandes montañas.

Análisis

Rodríguez, explica que la crisis generada por el Covid-19 está demostrando la precariedad en la que se encuentra la economía.

“En los últimos días, ha surgido la propuesta de permitir retirar a los asegurados una porción de sus aportes como un mecanismo para aliviar los impactos económicos negativos de la pandemia. Esta propuesta, sin embargo, va contra la salud y la economía”, asegura.

El especialista sostiene que un fondo de pensiones, desde la perspectiva de la seguridad social, es una forma de organización colectiva que garantiza a todos sus asegurados –de manera condicionada–un ingreso permanente y seguro de salud ante los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

“En palabras más sencillas, puede decirse que es la garantía de un salario futuro y el acceso a un seguro de salud, con todos los beneficios que ello implica”, señala.

Ante el escenario económicamente crítico, Rodríguez sugiere que, antes de retirar recursos del fondo de pensiones, de manera excepcional se adelante la edad mínima de jubilación; permitiendo así, que esas personas accedan de forma inmediata a una pensión y seguro de salud vitalicios.

“Debido al adelantamiento de la edad, el monto de pensión que recibirían estas personas sería más reducido en términos de la fracción del capital, lo que ocasionaría mayor presión sobre las reservas del Fondo Solidario; sin embargo, este es un asunto que puede ajustarse y resolverse financieramente”, explica.

Postura estatal

Para esta nota se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, pero hasta el cierre de esta edición el requerimiento no fue atendido.

No obstante, desde la Cámara Alta, senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que una modificación al proyecto de Ley traería problemas en el cálculo de la jubilación.

Félix Ajpi, senador por el MAS, asegura que el porcentaje establecido en el proyecto es equilibrado y no pone en riesgo el cálculo jubilatorio de la persona que opte por retirar parte de sus aportes.

Jaime Durán, exviceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, asegura que el proyecto atiende la demanda social de un importante grupo de personas y mantiene la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Anteriormente el ministro de Economía, Marcelo Montenegro advirtió a los aportantes que un eventual retiro de aportes deterioraría la jubilación.

Pero a los protagonistas de esta nota no les importa renunciar a una renta baja. En el día 46 de su huelga, Gonzalo, decidió trasladarse a La Paz. El contador participará en una mesa de negociación para tratar de modificar el proyecto de ley.

Decidió que seguirá en huelga mientras dure la negociación y si no logra nada, sumará un voto de silencio a la presión.

Exclusiones

Norma. El proyecto de ley excluye a tres sectores, entre los que están los “que hubieran accedido o se encuentren en cursos de adquisición de una pensión de vejez”. También se excluyen a los trabajadores en el sector público o privado. Por último, la norma específica que se suprime del beneficio a los que hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público.

Consecuencias. Un informe de la Fundación Milenio alerta que el artículo 8 del proyecto de Ley, establece que aquellas personas que acceden al retiro voluntario tendrán serias consecuencias; como la pérdida del acceso a la pensión solidaria y la del seguro médico de vejez.

Jubilación. Desde 2010, la edad para la jubilación bajó de 65 a 58 años en hombres, y para las mujeres hasta 55 años.

Por: El Deber

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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