“El sistema de salud es la endemia en Bolivia, es una grave patología”, dijo el religioso Mateo Bautista, conocedor de la realidad sanitaria boliviana, que desde 2015 se puso en campaña para que el presupuesto alcance el 10%.
En enero de este año, el Ministerio de Salud publicó que la inversión en salud se incrementó de Bs 2.522 millones, en 2005, a Bs 22.216 millones en 2021; es decir que subió diez veces, lo que catalogó como “la mayor asignación de recursos registrada en la historia del país”.
Sin embargo, ese incremento paulatino por 15 años no se tradujo en un buen sistema sanitario. Por lo menos a esa conclusión llegaron varios expertos y dos informes internacionales, el primero de la Universidad Johns Hopkins, y el segundo y más reciente, del Instituto Lowy, de Australia.
Ambos ubican a Bolivia ‘en la cola’ de Sudamérica y del mundo en cuanto a desempeño para afrontar la pandemia, apelando a indicadores como el número de camas, enfermeras, intensivistas, médicos, decesos, etc.
Antes del ajuste económico de este año, Johns Hopkins ya posicionaba a Bolivia en el cuarto lugar en inversión pública en salud, entre diez naciones sudamericanas, con 4,4% , por encima de Colombia (4,1), Brasil (3,8), Ecuador (4,2) y Perú (3,2). Sin embargo, el país no sale de los últimos puestos en puntuación de capacidades.
De acuerdo al documento de Johns Hopkins, Bolivia tiene un gasto per cápita en salud de $us 445,8, por debajo de los otros países con menor inversión pública, como Paraguay, que invierte más de $us 700 por ciudadano; de Ecuador, que pone casi mil dólares; y hasta de Venezuela, el último de la lista, con 1,5%, que registra más de $us 500 per cápita.
La falla
Iván Velásquez, economista para el desarrollo, dice que, al ver la estructura del PGN, gran parte del presupuesto de la salud paga sueldos de personal administrativo, va a gasto corriente, igual que en educación.
“Hay una mala administración del presupuesto que no ve la realidad. Quizás puede haber corrupción por el lado de la compra de insumos, medicamentos, etc., ya se ha demostrado. Se trata más de calidad del gasto”, cuestionó.
El ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, cree que el problema no solo es el 10% de presupuesto, sino que después de la pandemia, Bolivia debe tener un nuevo modelo de salud para que la población tenga los servicios y la red de salud adecuados.
“Calculo que para reestructurar la salud de Bolivia necesitamos al menos un 18% en los próximos dos años, en inversión en salud. Si tuviéramos el 10% del PIB, estaríamos hablando de una inversión aproximada de Bs 22 mil millones por año. Y actualmente no invertimos ni Bs 8 mil millones.”, aseveró.
El verdadero presupuesto
Según Bautista, lo del 10% para salud ha sido un engaño porque lo aprobado equivale al 10% del PGN, que no llega a un 7% del PIB. “Han juntado la inversión pública de salud, más el aporte de la seguridad social de los trabajadores. No todo es inversión pública, entra todo lo que son las cajas de seguros, y dicen que con eso llegamos al 10%, lo que es una burla. Estamos igual o peor que en 2015, cuando empezamos este proyecto de ley”, lamentó.
Con él coincide Cruz, dice que, en cuanto a la inversión del Estado, siempre hubo confusión. “Esta radica en que el presupuesto (público) se mezcla con el de la seguridad social. Indudablemente, con eso aumenta la inversión del Estado para la salud. No olvidemos que la seguridad social mantiene al 33% de la población boliviana”, detalló.
Cruz dice que tampoco debe confundirse la inversión en salud con la de infraestructura, porque cuando se comienza a hablar de esta, y de equipamiento, inflaría todo y disminuiría la inversión en lo que corresponde a un verdadero Seguro Universal de Salud (SUS).
Para hablar de presupuesto con honestidad, el ex ministro también sugirió diferenciar cuáles son las funciones municipales, las de gobernaciones y cuál es la inversión del Estado, propiamente dicha, y de acuerdo al PIB.
En consonancia con Bautista, recomendó ver el 10% del presupuesto, con base en el PIB. “Con eso, recién uno tendrá una sostenibilidad en la inversión en salud”, dice, y reconoce que el informe de Johns Hopkins toma en cuenta el presupuesto real.
Según Marcelo Ríos, director del Sedes de Santa Cruz, el Gobierno no debería atribuirse que ha aumentado la inversión en salud, porque “lo que hace es sumar lo que la Gobernación paga, y lo pone como si fuera gestión del Gobierno nacional. Pero como toda la plata, por más que sea regalías, sigue siendo Estado, entonces ellos la suman”, aseveró. Puso en evidencia al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), una instancia que, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, debió calcular el costo competencial para que los hospitales reciban la transferencia de recursos.
Dijo que, a pesar de que se recibieron los hospitales, la Gobernación tuvo que invertir el 30% de su presupuesto para solventarlos.
“Hace siete años que los hospitales no reciben la transferencia del conteo competencial. Desde 2013, cuando asumimos la administración de los hospitales de tercer nivel”, denunció.
Los indicadores
El informe de la universidad Johns Hopkins hace un desglose de la realidad de la respuesta sanitaria, actualizada hasta la primera ola.
Dice que Bolivia tiene una razón de 1,3 camas por mil habitantes, un total de 252 camas de cuidados intensivos (2,16 por cada 100 mil habitantes); 8 médicos por cada 10 mil ciudadanos; 3,9 enfermeras por 10 mil personas; 1,6 intensivistas para 100 mil habitantes; 3,43 respiradores por cada 100 mil; y 13 laboratorios oficiales Covid-19.
En razón de camas por 10.000 habitantes, Bolivia ocupa el octavo de diez lugares, en Sudamérica; el noveno en cuanto a médicos; y el décimo en cuanto a disponibilidad de enfermeras.
En lo que respecta a intensivistas por 100 mil habitantes, el país se ubica en noveno lugar, en el décimo en camas de Unidad de Cuidados Intermedios (UCI), y el noveno en respiradores mecánicos para 100 mil habitantes.
Uruguay, un modelo sanitario a seguir, invierte en salud el 6,1% de su presupuesto público para tres millones y medio de habitantes. Su monto per cápita en salud es de $us 1,747,80; tiene 700 camas de UTI y la tercera parte de la población de Bolivia; 20 camas UTI por cada 100 mil personas; 50,5 médicos por 10 mil habitantes; 19,3 enfermeras; 17,3 intensivistas; 16,41 respiradores mecánicos; y 12 laboratorios Covid-19.
Paraguay, que está por debajo de Bolivia en gasto público en salud, le lleva la delantera en inversión per cápita, con $us 724, en camas UCI, ventiladores, intensivistas y enfermeras. Incluso Venezuela, el que peor inversión pública tiene en el continente, inyecta más por habitante, el dato per cápita es de $us 579,4.
El Instituto Lowy hace poco sacó otro informe sobre el desempeño sanitario de 98 países del mundo, ubicando a Bolivia en el peldaño 93. Utilizó datos hasta el 9 de enero.
Su ranking proporciona una comparación clasificada del desempeño promedio a lo largo del tiempo, de los países en el manejo de la pandemia, en las 36 semanas posteriores a su centésimo caso confirmado del virus.
Según la disponibilidad de datos, se evaluaron seis indicadores: casos confirmados, muertes confirmadas, casos confirmados por millón de personas, muertes confirmadas por millón de personas, casos confirmados como proporción de pruebas, y pruebas por mil personas.
Los países fueron clasificados en categorías amplias, por regiones, sistemas políticos, tamaño de la población y desarrollo económico, para determinar si existen variaciones significativas entre los diferentes tipos de estados en el manejo de la pandemia. Bolivia entró en la categoría híbrido, junto con Ucrania, entre democracia y autoritarismo. De estos, la instancia dice que parecían los menos capaces de afrontar el desafío de la pandemia.
Lowy hizo un cálculo promedio de esos seis indicadores, para países individuales, a fin de producir una puntuación de 0 (peor desempeño) a 100 (mejor desempeño). En conjunto, estos indicadores apuntan a qué tan bien o mal los países han manejado la pandemia. La puntuación de Bolivia fue de 18,9.
Reto y recomendaciones
El director del Centro Boliviano de Economía de Cainco, Pablo Mendieta, insistió en que la pandemia evidenció a la salud como una necesidad, pero con una contundencia nunca antes vista.
Para Velásquez, hay una incapacidad de hospitales y clínicas privadas de atender al universo de la población. Dijo que, si en la ciudad faltan capacidades, en las zonas rurales es más dramático.
Para Bautista, uno de los grandes problemas es la escasa importancia a la prevención del riesgo, demostrado con mayores índices de mortalidad infantil, materna, de cáncer de cuello uterino, de toda América, y a la imposibilidad de acceder a trasplantes.
Cruz dijo que 80% de la respuesta está en los primeros niveles de atención, que lamentablemente no son de carácter resolutivo, solo derivativo. “Muchos no funcionan las 24 horas y se altera la cadena de continuidad”, y que es parecido en los segundos niveles, “y es entonces que se colapsa al tercero”.
En su informe, Johns Hopkins reconoce que algunos países no cuentan con sistemas de meritocracia ni tecnocracia, percibiéndose una alta rotación de funcionarios y tomadores de decisión.
PARA SABER
NECESIDADES | El informe de Johns Hopkins recomienda fortalecer los sistemas logísticos para el abastecimiento adecuado de los medicamentos, insumos y equipos necesarios para atender a la población.
DEUDA | El Sedes denunció que a Santa Cruz no se ha asignado el monto acorde al gasto competencial que se asumió al aceptar la administración de los hospitales de tercer nivel.
PRIMEROS NIVELES | Existe la observación de que no tienen capacidad resolutiva, a pesar de que son claves a la hora de la contención y para evitar el colapso del tercer nivel.
SEGURIDAD SOCIAL | Tiene deficiencias, a pesar de que recibe fuertes ingresos por aportes patronales
NO HAY REMEDIOS | El ex director del Sedes, Erwin Saucedo, dijo que el presupuesto de los hospitales no puede sostener remedios como Remdesivir y que el SUS no funciona porque se aprobó sin recursos
Por: El Deber