Como es sabido, las consecuencias económicas de la pandemia precipitaron demandas de la devolución de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sobre la respuesta que lanzó el Gobierno y sus efectos, esta semana OH! conversó con el experto Walter Vedia Cárdenas.

Los grupos movilizados que piden la devolución de sus ahorros a las AFP marcan la demanda bajo el lema: “Es nuestro dinero, no pedimos limosna, simplemente que nos lo devuelvan”. ¿Qué tan válida o legal es esa postura?

—Estos grupos organizados han puesto como prioridad la devolución de los aportes, pero sin una base legal respecto a los objetivos para los que han sido creados. Es decir, fueron creados para establecer un régimen previsional que respalde las jubilaciones, las pensiones por invalidez, por muerte, para derechohabientes y todos los colaterales que implican a un sistema previsional como tal. Este sistema, en Bolivia, es parte de una estructura jurídica relacionada al derecho a la seguridad social de largo plazo. Desafortunadamente, estos grupos, cuando piden la devolución del capital y los intereses que tienen en sus cuentas individuales, no explican qué va a pasar con el sistema previsional.

¿La gente va a poder jubilarse? Porque, si se entiende que todos tendríamos el derecho a retirar el capital acumulado de nuestras cuentas, también estaríamos dándole fin al seguro social de largo plazo. Ellos ponen como premisa que las devoluciones serían absolutamente voluntarias, entonces se nota que no han considerado técnicamente, por ejemplo, el carácter solidario de estas prestaciones. Todas las legislaciones en el mundo han previsto siempre un régimen mixto que implica solidaridad para quienes tienen una capacidad de aporte menor o tienen pocos aportes.

Mucho más en Bolivia, porque el año 2010, con la Nueva Ley de Pensiones, la 065, se crea el Fondo Solidario. Con la anterior legislación, mucha gente, que ganaba, por ejemplo, 3 mil a 4 mil bolivianos, sólo podía cobrar mil o 1.500 bolivianos de renta. A algunos incluso les correspondía menos que el salario mínimo nacional. Hoy, gracias al Fondo Solidario, muchas de esas personas pueden cobrar entre 3 mil y 4 mil bolivianos. Quienes piden la devolución de aportes no dicen qué va a pasar con estas personas. Si se va a retirar el capital de las cuentas individuales, se desfinanciará el Fondo de Pensiones, más allá de la legalidad que ello implique.

¿Qué ha pasado con pedidos parecidos que han surgido en otros países? ¿Cómo respondieron las autoridades?

—Los bolivianos no hemos sido muy originales históricamente en el tema de la Seguridad Social. Todos nuestros procesos de implementación de los regímenes de prestaciones han respondido a tendencias. En la década del 50, en Latinoamérica se establecieron los regímenes del sistema de reparto por el que una generación financiaba la jubilación de la anterior. Y el año 56 se hace lo propio acá. En la década del 90, en Chile, Argentina y otros países, se establecen las AFP. Y también en Bolivia, el año 96, se crean las AFP.

Luego de 15 o 20 años de este sistema, surgen las objeciones respecto a la capacidad del sistema para brindar prestaciones dignas a los trabajadores. Los regímenes de prestaciones no fueron capaces de financiar rentas que satisfagan las expectativas de los trabajadores. Entonces el descontento fue creciendo en Latinoamérica y cuando llegó la pandemia empezaron a cundir los pedidos de la devolución de aportes. En Perú se realizaron devoluciones del 25 por ciento de los aportes, en Chile se hicieron dos devoluciones del 10 por ciento. En ambos casos se impusieron restricciones propias de cada legislación.

Entonces luego surgieron pedidos similares en Colombia y Ecuador, y Bolivia no es la excepción a esa tendencia.

¿Qué opina de las respuesta que el Gobierno boliviano ha dado al pedido? ¿Advierte algún riesgo?

—Vi el proyecto de ley. Es muy específico y precisamente me parece que ahí está el gran riesgo, en el marco jurídico. Si bien, debido a la coyuntura, son leyes muy cortas, crean una inestabilidad jurídica desde el punto de vista práctico. Estas leyes determinan, a grandes rasgos, porcentajes, montos de devolución y límites, pero no van al fondo del asunto.

Por ejemplo, no sabemos qué parte de los aportes se va a devolver, si se devolverá los intereses o el capital. ¿Se van a devolver los primeros aportes, los segundos o los últimos? No es lo mismo retirar los aportes de hace 10 o 15 años, que generaron rentabilidad, que los últimos. Si alguien retirase los últimos cinco años de aporte, ¿implicaría que van a salir del estado de cuentas también nominalmente? ¿Variará entonces con ello los referentes salariales que se aplican al cálculo de pensiones? Recordemos que justamente los últimos años suelen ser los de mejores ingresos, y ello mejora a calidad de la prestación.

¿Se perjudicarán las prestaciones en el futuro entonces? Son preguntas que no responde la normativa.

Hay quienes ven que podría desestabilizar al sistema. ¿Cree que hay ese riesgo?

—La norma ha establecido operativamente las fuentes de financiamiento de la devolución. Tienen que ver con la disponibilidad acumulada en los recursos de liquidez del sistema integral de pensiones. Las AFP tienen un cierto margen de recursos de liquidez como los vencimientos de la cartera de inversiones o también la recaudación mensual que realizan estas entidades. Técnica y contablemente no creo que afecte en gran manera a los fondos de las administradoras.

Recordemos que estos ya se hallan invertidos en títulos y valores que generalmente son depósitos a plazo fijo de la banca y bonos del Tesoro General de la Nación. Por ese lado, no hay grandes riesgos. Será probablemente un pequeño problema de liquidez para las AFP.

¿Dónde considera que se halla el mayor riesgo o falla en el proyecto del Gobierno?

—La norma tiene una serie de restricciones. Por ejemplo, no se va a devolver a quienes perciben un salario. Sólo se devolverá 15 por ciento de aportes a quienes tengan menos de 100 mil bolivianos aportados y sean menores de 50 años. Se devolverá en su integridad sus cuentas individuales a quienes tengan menos de 10 mil bolivianos. Precisamente estas consideraciones han hecho que los grupos que demandan las devoluciones las rechacen de pleno, debido a la poca cantidad de beneficiarios.

Pero es donde estas disposiciones afectarán grandemente a las personas que quieran retirar el capital porque ya no podrán ser beneficiarias del Fondo Solidario. Esta ley de devolución de aportes hasta puede ser cruel. Se va a devolver fondos a gente que tiene muy pocos aportes, o sea, personas con una baja capacidad de ingresos. Personas que ya iban a tener muchas dificultades para acceder a una jubilación digna, si no era por el Fondo Solidario. Y a esas personas se les está diciendo que, como se les está devolviendo sus aportes, ya no podrán acceder al Fondo Solidario porque los aportes, según la norma, no son restituibles.

El exministro Guillén declaró: “No queremos que dentro de cinco o diez años haya movimientos que digan ‘queremos devolver lo que retiramos antes’”. Eso es muy preocupante porque se está castigando a la gente que menos tiene. Se la está condenando a tener una pensión extremadamente baja porque ya no podrá acceder al Fondo Solidario. Es como un castigo, un exceso irracional del supremo gobierno.

¿Cuántas personas más o menos cumplirían los requisitos para retirar sus aportaciones?

—No va a pasar del 10 por ciento del universo de aportantes, es decir, los beneficiarios serían, a lo mucho, cerca de 200 mil personas. Pero pienso que antes se convertirá en un problema social. Nadie estará de acuerdo con esta norma, pero tampoco hay una postura sensata en los grupos que reclaman las devoluciones. Lamentablemente, quienes los asesoraron son personas que no tienen conocimiento de la materia.

Quizás pudo haber mejores alternativas. Pero se llegó a una norma que no llega a un gran universo de aportantes y además es muy injusta.

Entonces, surge un problema más sobre otros que ya se advertían antes de la pandemia en el propio sistema, ¿no es cierto?

—Claro, el régimen solidario ayuda a las personas que tienen bajos niveles salariales, pero, injustamente, deja sin cobertura de ese fondo a quienes ganan más de 7 mil bolivianos. Sus ingresos les permiten financiarse rentas superiores a los 4 mil bolivianos. No son muchos, pero son personas que, de ganar, por ejemplo, 20 mil bolivianos deben pasar a recibir rentas de 4.500. Son personas que hicieron méritos y esfuerzos académicos para llegar a esos niveles que no se ven debidamente recompensadas ni por sus propios aportes. No es justo.

El Estado no ayuda a unos y ayuda a otros. Se vuelve un Estado asistencialista, tal vez de concepción socialista, que debía ser claro y decir que no está de acuerdo con este sistema de “capitalización individual”, como lo llamaba el gobierno de Sánchez de Lozada. Pero es el sistema vigente porque las AFP siguen funcionando ilegalmente desde el año 2009 cuando la nueva Constitución Política del Estado prohibió que los recursos de la seguridad social sean financiados por entidades privadas. Son problemas de fondo que se deben resolver.

Por: Los Tiempos

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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