La comisión de Seguridad del Estado de la Cámara de Senadores aguarda el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir lo que sucederá con los jefes militares que accedieron al grado inmediato superior a través del decreto 4291 emitido por la expresidenta, Jeanine Áñez.
“Vamos a evaluar la resolución de Sucre, por supuesto, nosotros en nuestra historia, al menos en estos últimos años, no hemos visto que los ascensos se den por medio de decreto presidencial”, dijo el senador del MAS, Leonardo Loza.
En marzo de 2020, Jeanine Áñez posesionó al Alto Mando y en julio de ese año emitió el decreto 4291 por el cual aprobó los ascensos saltando la autorización congresal. El 24 de julio la entonces presidenta del Senado, Eva Copa recurrió ante el TCP con un recurso directo de nulidad sobre ese decreto y el 10 de diciembre pasado el ente constitucional admitió esa demanda y ahora se espera su fallo.
Loza adelantó que este fallo será conocido “en unos días” y posteriormente la Asamblea se reunirá para tomar decisiones. El recurso directo de nulidad fue admitido el 10 de diciembre y el plazo de 45 días se cumplió el pasado 25 de enero.
Para el MAS ese ascenso, dispuesto por decreto, fue la confirmación de que en el país mandaba un régimen dictatorial que se saltaba los pasos congresales para aprobar los ascensos.
Desafío
Pero la posibilidad de que el Alto Mando de Jeanine Áñez sea degradado por un fallo del TCP fue desechado porque una decisión de esa naturaleza afectaría a toda la cadena de mando castrense, incluidos a los conscriptos y premilitares que fueron licenciados en 2020, alertó el abogado Omar Durán.
“Puedo firmar que el TCP no podrá fallar en contra de ese acto porque afectaría al actual Comandante en Jefe de las FFAA, general César Vallejos, que ascendió con ese decreto; los jefes a los que cuestionan tomaron decisiones y sus actos serían nulos de pleno derecho; firmaron las libretas de Servicio Militar, por ejemplo, entonces no es una simple degradación”, dijo el abogado y militar retirado.
El Alto Mando de Áñez estaba conformado por el General Sergio Orellana Centellas, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; el General Pablo Guerra Camacho, como Jefe de Estado Mayor; el General Ciro Álvarez Guzmán, como Comandante General de la Fuerza Aérea y el Contraalmirante Moisés Mejía Heredia, Comandante General de la Armada Boliviana.
Durán explicó que esa designación afectó al resto de sus camaradas y todos ascendieron por decreto, entonces un fallo contrario del TCP dejaría sin efecto los asensos en las tres fuerzas, lo que obligaría a retroceder un año, y eso es materialmente imposible.
El Código
Según el artículo 148 del Código Procesal Constitucional el TCP tiene un plazo de 45 días desde la admisión para emitir un fallo; sea precedente cuando queda probada la demanda o improcedente cuando los demandados prueben que obraron conforme a la ley.
El 24 de julio de 2020, cuatro días después que Áñez aprobara el decreto, la presidenta del Senado Eva Copa presentó un recurso directo de nulidad ante el TCP amparada en el artículo 143 de esa norma que señala que este recurso tiene por objeto declarar nulos los actos “de los órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen”.
Copa dijo que la única instancia para autorizar los ascensos en las FFAA
es la Asamblea Legislativa, requisito que no fue respetado por el gobierno de Áñez. Lo que se supo en ese entonces fue que un grupo de militares identificados como afines a Evo Morales no podían ascender, pese a reunir los requerimientos necesarios.
El MAS exigía que esos jefes castrenses sean incluidos en las listas, el entonces ministro de Defensa, Fernando López se opuso a tomarlos en cuenta y esos militares recurrieron a la justicia para hacer valer sus derechos, pero el Gobierno de turno optó por el decreto y pospuso a los jefes militares considerados ‘masistas’.
Por: El Deber