Perú debería derogar el marco legal que “estimula el abuso policial” para evitar que se repita el uso “excesivo e indiscriminado” de la fuerza contra protestas como las que tumbaron al efímero Gobierno de Merino, afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
“En Perú se ha creado un marco que facilita el abuso policial” y exime de “responsabilidad penal a los policías que actúan en cumplimiento de su deber”, criticó el abogado chileno defensor de derechos humanos, quien denunció el uso de municiones prohibidas durante las marchas ciudadanas en Lima.
Vivanco se reunió con el presidente Francisco Sagasti y otras autoridades para discutir las conclusiones del informe publicado por HRW, en el que la organización acusó a la Policía Nacional de cometer “graves abusos” durante las protestas que derribaron al Gobierno de Manuel Merino.
La ola de marchas ciudadanas se desató el 9 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra de la presidencia e impuso en su lugar Merino, quien era titular del parlamento, aunque el sábado 14 la represión a la masiva protesta dejó dos fallecidos y casi 200 heridos, lo que terminó forzando la renuncia de Merino.
—El informe de HRW tacha de “dudosa legalidad” la destitución del expresidente Vizcarra, acusado de cometer actos de corrupción.
—La destitución se da en un contexto altamente cuestionable con una causal de supuesta “incapacidad moral”, que tiene plena lógica si se trata de un presidente que no está en plena condición de ejercer, pero es tan amplio y tan vago. Además, el Congreso no cuenta con la más mínima credibilidad, porque de los 130 congresistas hay 68 que tienen causas penales abiertas, por corrupción, por lavado, incluso hay tres por causas pendientes por homicidio.
Es lamentable que los magistrados de la Corte Constitucional, que tuvieron la oportunidad de pronunciarse, no lo hicieron. Podrían haber establecido algunos parámetros para que en un futuro no se presten esas aberraciones jurídicas y con consecuencias tan graves desde un punto de vista político.
—¿La Policía Nacional miente al negar las acusaciones sobre uso de municiones prohibidas durante la represión de las protestas contra Merino?
—Los policías recurrieron a armamento que está estrictamente prohibido para el control de manifestaciones, como son las canicas, que pueden ser mortales, y los perdigones de plomo; y usaban excesivamente e indiscriminadamente los cartuchos de bombas lacrimógenas.
Si bien se produjeron manifestaciones en todo el país, fue en Lima donde hubo estos excesos, estos abusos, estos hechos claramente de brutalidad policial.
Pareciera que la instrucción entre el 9 y el 14 de noviembre fue disolver a cualquier precio a los manifestantes que en su abrumadora mayoría ejercieron su derecho a protestar pacíficamente. Llegamos a la conclusión de que muchos de los tiros se hicieron a corta distancia, de una manera evidentemente criminal.
—¿Y cuál fue responsabilidad de Merino?
—No sabemos. Es algo que tendrá que determinarlo la Justicia. También el Ministerio Púbico determinará qué responsabilidad tienen los autores materiales y sus superiores jerárquicos. Aquí hubo no un día sino varios días y largas horas donde se utilizaron técnicas represivas, por tanto es muy difícil sostener que los mandos superiores de la policía de Lima no tenían la más mínima noción de lo que estaba ocurriendo.
Otra cuestión será determinar cuál es el grado de responsabilidad del presidente de la época, el “premier” y el ministro del Interior, quienes estaban en contacto constantemente con la policía.
—¿Hay garantías de que las investigaciones se desarrollen de forma independiente y transparente?
—Perú es uno de los países que en América Latina cuenta con un Ministerio Público bastante independiente, al punto que están todos los expresidentes sujetos a procesos judiciales o en detención, producto de las investigaciones sobre corrupción, específicamente de la Lava Jato.
Esto demuestra que se trata de un Ministerio Público que no le teme a ejercer sus fueros y hacer investigaciones incluso cuando se trata de políticos tremendamente poderosos. Opera con unos niveles de autonomía que no son usuales al resto de América Latina. Sí me preocupa la velocidad de las investigaciones. Hasta ahora los responsables directos de la muerte de dos personas y de casi 200 heridos, algunos de ellos de gravedad y algunos de ellos con consecuencias irreparables, no han sido suspendidos de sus tareas.
—¿Qué respuestas le exigió al presidente Francisco Sagasti y al resto del Ejecutivo?
—Nuestras peticiones están vinculadas a la investigación, al hecho de que ojalá se disponga en la brevedad la reparación de los daños y al cubrimiento de los costos, en particular médicos, que han tenido que sufragar las familias de los muertos y de los heridos.
Pero también hay daño moral. Todo esto debe ser resarcido rápidamente por el Ejecutivo por la vía de un decreto de urgencia, no por la vía de la aprobación de una ley por la simple razón de que el Congreso se va en receso hasta febrero, además que es un Congreso profundamente polarizado, integrado por personajes de antecedentes muy cuestionables.
También hay otras medidas que se pueden adoptar en el corto plazo, como por ejemplo reformar los mecanismos de investigación disciplinaria interna de la policía, que son muy poco transparentes y muy poco eficaces.
¿Hay protección?
Sí. En Perú se ha creado un marco que facilita el abuso policial. En 2014 se aprobó una ley que exime de responsabilidad penal a los policías que actúan en cumplimiento de su deber.
Este año se aprobó otra ley que va en la misma dirección y que suspende la prisión preventiva para los policías y además elimina el principio de que deben actuar bajo el precepto de proporcionalidad del uso de la fuerza.