Los primeros tres meses de Gobierno de Luis Arce Catacora estuvieron marcados por la crisis sanitaria a causa del coronavirus. La nueva escalada de casos, en la segunda ola que está enfrentando Bolivia desde diciembre, ha obligado a la gestión de Arce virar de una minimización del problema sanitario a volcar toda su atención a la estrategia de lucha contra la Covid-19.
Entre el 8 de noviembre 2020, que asumió la conducción del país, y el 4 de febrero de 2021, los casos de coronavirus se incrementaron de manera exponencial: pasaron de 48 diarios a 1.000 y 2.000. En este período los pacientes positivos suman 83.191 y los decesos 1.843.
A principios de diciembre, los contagios diarios oscilaban entre 20 y 100, a mediados de ese mes los reportes por jornada eran de 500 casos positivos. A fines de diciembre, los contagios subieron de forma abrupta hasta superar los 1.700 diarios (el último día del pasado año).
El rebrote de la pandemia, según los expertos, se anticipó y escaló más rápido de lo que se esperaba. La campaña de prevención que algunos mandos medios del Gobierno anunciaron en noviembre fue muy poco percibida, frente a la demanda de los médicos y trabajadores de salud de más recursos humanos y la reducción de la capacidad de atención de los centros hospitalarios por falta de personal.
Por otra parte, ante el conocimiento de una nueva cepa de la Covid-19 en Europa, Bolivia optó por restringir los vuelos desde ese continente, medida que entró en vigencia el 25 de diciembre y que se extiende hasta este mes de febrero.
Para enfrentar la pandemia amplió en dos oportunidades la vigencia de los protocolos y medidas de bioseguridad. En los dos primeros meses de su gestión, el mandatario mostró un bajo perfil mediático y centró gran parte de su atención en la recuperación de la demanda interna, la inversión pública y el desarrollo del aparato productivo, todas cuestiones económicas. Además, del pago del Bono contra el Hambre.
En el segundo mes de mandato, Arce emitió un decreto gubernamental para levantar las restricciones a los eventos masivos y actividades públicas que rigieron desde marzo pasado, con el fin de reactivar la economía.
La mencionada norma rigió desde 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero 2021.
Autocuidado
Sin una política clara para enfrentar la crisis sanitaria, el exministro de Salud, Edgar Pozo, desde su posesión demandó a la población “el uso del barbijo, el lavado constante de las manos y el distanciamiento físico”.
“No se ha dado cuenta la población que una simple acción de tres pasos puede ahorrarle muchísimo dolor a una familia: usar barbijo, guardar un metro de distancia entre persona y persona, y lavarse las manos”, refirió en su momento.
Paralelamente, autoridades sanitarias anunciaban los contactos para la adquisición de vacunas anticovid y los progresos que se tenían, además de las dos vías a seguir: mediante el mecanismo internacional Covax y de manera directa por el Estado. El primero cubrirá el 20 por ciento de la población y el segundo el 80 por ciento de manera gratuita.
Medicina tradicional
Por otra parte, el Gobierno de Arce promovió el uso de la medicina tradicional para “enfrentar” la pandemia; impulsó su práctica a través de un decreto supremo.
El entonces ministro de Salud, Pozo, explicó que la medicina tradicional tiene un “efecto de acción muy importante en el tema del enfrentamiento a la Covid-19 en el país”.
Por eso, en el decreto supremo -que señala las nuevas disposiciones de bioseguridad y de prevención para evitar contagios en el país- el Gobierno reconoce dicha práctica.
“Se promocionará e incentivará la práctica de la medicina tradicional y medicina alternativa para la prevención, contención, tratamiento y rehabilitación de la Covid-19”, señala un artículo del Decreto Supremo 4404.
Agrega que “se impulsará la producción, transformación y comercialización de los productos naturales de la medicina tradicional para la prevención, contención, tratamiento y rehabilitación de la Covid-19”.
Plan estratégico
En diciembre, el Gobierno dio a conocer un plan estratégico de lucha contra la Covid-19, que busca contener la enfermedad desde tres frentes de acción: la realización de pruebas diagnósticas rápidas y masivas, la implementación de la vacunación masiva y la coordinación con gobernaciones y municipios.
El incremento de la capacidad de testeo busca “identificar de manera temprana los casos y trabajar con ellos directamente en el bloqueo epidemiológico”.
Para ello, se gestionó la llegada de 2,2 millones de pruebas antígeno nasal, las mismas que se están tomando ahora de forma gratuita en laboratorios de referencia.
Según las autoridades gubernamentales, la detección temprana evitará que los centros de atención hospitalaria colapsen, además de que las personas no lleguen a las unidades de terapia intensiva, escasas en el país.
Además, con la detección temprana se prevé que los enfermos asintomáticos se aíslen por 14 días. Para ello debían habilitarse centros de aislamiento en cada departamento, pero a la fecha no se instaló ninguno.
Presión
Dentro de este plan estratégico, el Ejecutivo central llevó adelante una serie de reuniones con los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios, con el objetivo de coordinar acciones para enfrentar la pandemia.
Uno de los puntos de desencuentro, ante la demanda de recursos económicos para hacer frente a la pandemia, fue el referido al uso de recursos no ejecutados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del fondo Covid-19.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, las entidades locales no ejecutaron su presupuesto asignado para enfrentar la Covid-19 y dijo que de esta partida acumularon 274,61 millones de bolivianos.
El Gobierno central pidió que este monto se destine a la contratación de personal sanitario, ante los informes de que varios médicos dejaban sus funciones, porque sus contratos habían fenecido.
El 10 de enero, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva se declaró en emergencia.
Mediante comunicado, la organización denunció el colapso de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país; la “indiferencia” de las autoridades nacionales, departamentales y municipales y la falta de coordinación con los especialistas para dar funcionalidad a las UTI.
“De cada 10 personas que llegan a las UTI, nueve pierden la vida, más aún cuando no se tiene el personal requerido”, indicó el expresidente de los intensivistas Adrián Ávila.
Solución estructural
La administración de Arce considera que la solución estructural a la pandemia del Covid-19 es la inmunización, por lo que en dos oportunidades el Presidente demandó a la ciudadanía “aguantar y resistir” este virus hasta que lleguen los inoculantes.
Sin embargo, en tanto se espera que lleguen las vacunas en grandes cantidades, en este rebrote se observa la recurrente búsqueda de un espacio en un hospital, de una unidad de terapia intensiva, donación de plasma hiperinmune y medicamentos.
Las redes sociales se inundan con pedidos de apoyo para posibilitar la curación de enfermos.
Además, Twitter o Facebook se han llenado de obituarios y homenajes a personas fallecidas por la Covid-19.
En medio de esta situación, el reiterado pedido del presidente Arce de “aguantar y resistir” hasta que lleguen las vacunas compradas por su Gobierno, lo que a su juicio será la “solución” a la pandemia, provocó la reacción de diferentes sectores de la población.
La primera vez que el primer Mmndatario expresó que los bolivianos deben “aguantar” la Covid-19 fue durante el acto de suscripción del contrato para adquirir más de cinco millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo primer lote llegará al país en abril.
El 20 de enero, Arce manifestó que “nuestra población tiene que tomar conciencia de que durante estos dos meses que nos queda hay que aguantar, hay que fortalecer y reforzar las medidas preventivas contra el coronavirus”.
Semanas antes, el Gobierno también contrató la adquisición de más de cinco millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, un acto en el que Arce señaló que se quiere comenzar un proceso de inmunización a través de las dosis para volver gradualmente a la normalidad.
Se prevé que el lote de 1,7 millones de estas vacunas arribe en marzo. A fines de enero, llegó un avance de 20.000 dosis destinadas al personal de salud en primera línea, pese a que se había adelantado que sólo arribarían 6.000.
Rechazan cuarentena
A medida que los casos se incrementan en las regiones, se pide al Gobierno establecer una cuarentena rígida por un tiempo breve para reducir la ola de contagios. El mismo ha sido descartado por las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, porque consideran que “es una medida que afecta a los sectores más pobres”.
Ante esta situación, los municipios vienen definiendo medidas aisladas para evitar las aglomeraciones y frenar los casos positivos a partir de la restricción de algunas actividades y reducción de los horarios de circulación.
Estrategia del Gobierno carece de otras etapas
El plan estratégico para enfrentar la Covid-19 no contempla aspectos esenciales para contener la línea de contagio, como ser la instalación de centros de aislamiento, dotación de medicamentos, entre otros, refiere el exministro de Salud, Guillermo Cuentas.
“A los que están acudiendo a determinar si son o no positivos es porque tienen síntomas, sino no acudirían. Entonces tengo síntomas, me detectan y me dicen usted es positivo, en ese momento me aíslan a un centro y a otros que estén positivos, estoy cortando a estos contagiadores que cada uno puede contagiar a tres, entonces debo tener centros de aislamiento sí o sí, no puede ser que usted es positivo se vaya a su casa, no es correcto”, dijo.
Agregó que esto no queda ahí, porque se tiene que consultar los contactos que se tuvo en los últimos 10 días, conocidos los contactos de manera automática tengo que buscar a los mismos y hacerles las pruebas.
“Si hago esto, el número de casos va a bajar rápidamente, pero si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora va a seguir creciendo”, sostuvo.
Por lo que recomendó, paciente positivo detectado, aislado, en un centro de aislamiento con su oximetría, medicación, bien cuidado, baja el crecimiento.
“El Gobierno tiene que implementar medidas de control para cortar en el menor tiempo posible esta curva de contagios, porque estamos en que Bolivia, a nivel Latinoamericano,es uno de los menos eficientes en el manejo de la pandemia”, dijo.
Créditos externos
Para encarar la pandemia y cumplir con sus compromisos electorales, el Gobierno recurrió al préstamo de millones de dólares de entidades financieras internacionales.
El pago de 1.000 bolivianos del Bono Contra el Hambre se financió con créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 704 millones de dólares.
El pasado miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el crédito de $us 350 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina CAF para la lucha contra la Covid-19 suscrito el 23 de junio de 2020. De estos recursos, 62,55 millones de dólares irán para la lucha anti-Covid.