Las distintas demandas que agrupaciones y partidos políticos han presentado desde enero a la fecha ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, se han ido acumulando. Algunos delegados consideran que es por falta de organización, aunque también han influido, en cierta manera, los contagios de coronavirus.
Desde Santa Cruz Para Todos (SPT), el delegado Pablo Galván aseguró que hasta ayer no habían recibido notificaciones de respuesta del TED sobre tres demandas presentadas.
La primera, que fue llevada el 6 de enero, es una denuncia en contra del canal de Tv Sitel “por emitir espacios dedicados únicamente al candidato por UCS y dueño del canal, Jhonny Fernández”.
La segunda, es sobre propaganda electoral emitida por Demócratas, “donde se evidencia que ocupan imágenes religiosas, niños y agreden y difaman la imagen de otros candidatos políticos. El memorial fue presentado el 2 de febrero”, explicó Galván.
Finalmente, y aunque estaría dentro del plazo de respuesta, el 5 de febrero SPT presentó una tercera denuncia contra UCS por incumplimiento del artículo 136 de la Ley 026, que prohíbe a las organizaciones políticas difundir encuestas y estudios de opinión y la cual es sancionada con la pérdida de la personalidad jurídica del partido político infractor.
El delegado de SPT ve que existe una falta de celeridad en las respuestas a solicitudes realizadas por las organizaciones políticas, a raíz de que el TED de Santa Cruz no tiene personal, muchos funcionarios están con baja médica y no ha contratado a quienes cubran las vacancias en esas funciones.
“Los plazos son perentorios en los procedimientos legales y las organizaciones políticas los cumplen; sin embargo, la falta de experiencia de los funcionarios del TED y el poco personal trabajando lo complican”, dijo Galván.
Desde el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el delegado Juan Miguel Zambrana, dijo que se espera igualmente la respuesta a tres demandas.
El MTS solicitó el 27 de enero la eliminación de la plancha de SPT por la publicación ilegal de encuestas que realizó la candidata a tercer concejal titular, Gabriela Ichaso; la demanda de inhabilitación de Angélica Sosa, por uso del poder público por el delito de coacción contra sus subalternos, ingresada el 28 de enero y, finalmente, la demanda de nulidad de la sigla de UCS por la publicación ilegal de encuestas, el 8 de febrero que, igualmente, estaría dentro del plazo.
“El tribunal electoral es inoperante, juega al cálculo político, creo que no es imparcial. Me ha dejado mucho que desear. Lamentablemente no es una autoridad imparcial, objetiva y ágil. No da garantías. Si tuviéramos más fuerza, pediríamos un cambio de vocales”, dijo el candidato a concejal por MTS, Jaime Soliz.
Se solicitó información al presidente del TED, Saúl Paniagua, a la vicepresidenta del ente electoral, María Cristina Claros, además del secretario de Cámara, Marco Monasterio, sobre la cantidad de demandas que existen actualmente, pero no se obtuvo respuesta.
Lo que ven desde afuera
“Más allá de un tema de salubridad, que les ha afectado internamente, se ve que hay negligencia para dar curso a esta situación, por lo menos como análisis”, señaló el abogado Marcelo Vidaurre.
El delegado de UCS, Luciano Negrete, aclaró que no han presentado ninguna demanda y solo solicitaron que una página no oficial de Fernández sea dada de baja el 20 de enero.
Negrete explicó que las demandas tienen un procedimiento. Primero ingresan a Secretaría de Cámara, que lo envía a Sala Plena, instancia que emite las resoluciones. “Esto no es normal, porque antes los delegados titulares teníamos permanentemente reuniones con la Sala Plena. Todo se ha vuelto diferente. Nos notifican vía chat, no hay horas. No tenemos las reuniones adecuadas, pero creo que es por la pandemia”, dijo Negrete.
Desde Demócratas indicaron que luego de la demanda por las vallas contra SPT, no han presentado ninguna otra denuncia. De igual manera, la respuesta, en este caso, demoró más de lo estipulado (72 horas), pues se presentó el 19 de enero y recién se notificó a los actores del caso, el 28 de enero.
(El Deber)