El decreto presidencial de amnistía e indulto desató la protesta del Alcalde de La Paz, Luis Revilla porque esta norma puede alcanzar a los que participaron de la quema de los buses Pumakatari. Mientras los opositores hablan de que el MAS intenta generar un manto de impunidad sobre los hechos de 2019.

“Asumo yo que esta amnistía que están hablando será una amnistía que no incluya este tipo de delitos (cometidos contra la propiedad pública), sería una barbaridad que cualquier persona, mañana, pueda destruir un bien público y no va a tener ninguna sanción”, sostuvo Revilla al ser consultado sobre la propuesta gubernamental.

El decreto presidencial 4461 ya se encuentra en la Asamblea y será considerada mañana por los legisladores. Esta norma prevé liberar de culpa a todos aquellos a los que se abrió alguna causa entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020; además de otras personas que también reúnan requisitos que exige la propuesta.

Varios dirigentes de choferes y el excandidato del partido gobernante, Jesús Vera, son investigados por la quema de los 66 buses municipales en 2019. La fiscalía avanzó muy poco en la investigación de ese caso.

Pero el Alcalde Revilla no fue el único, CC que es la primera bancada de oposición en el parlamento, censuró esta propuesta. La jefa de bancada en el Senado, Andrea Barrientos, aseguró que el MAS quiere desplegar un manto de impunidad porque existieron hechos de violencia protagonizados por personas y no habrá sanciones para ellos.

“Se van a generar amnistías e indultos para quienes han bloqueado ciudades, para quienes han vulnerado Derechos Humanos, para quienes han abusado sexualmente a mujeres en Challapata, para los hechos acontecidos en Vila Vila, en Montero, los múltiples destrozos a la propiedad privada y a la propiedad pública en los diferentes departamentos del país; son hechos que no debemos dejar pasar” señaló Barrientos.

El numeral 2 del Decreto Presidencial 4166, señala “Restablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas a consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Por Taxi Noticias

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