“La ley es buena, pero lo que se necesita para implementar esta ley es presupuesto público”, respondió Paola García, directora de la Casa de la Mujer, a los anuncios de modificación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348), del año 2013.
Según ella, mientras no haya una mejor asignación presupuestaria será imposible la deconstrucción de la violencia estructural e institucional, e insistió en que dentro de la norma que se proponga debería decirse de dónde saldrán los recursos.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, José María Velasco, reconoció que existen problemas presupuestarios a la hora de la logística.
Dijo que el Estado tiene un presupuesto asignado, pero que quienes administran estos recursos son la Gobernación y las alcaldías, pero que desde 2018 no han sido atendidos varios requerimientos de la Felcv, sobre todo para la capital cruceña.
“La Felcv central solo cuenta con dos vehículos, no tenemos material de laboratorio para los trabajos técnico-científicos. A estas alturas esperamos la dádiva de Alcaldía y Gobernación para que nos den lo que por derecho nos corresponde. Se han hecho los requerimientos”, explicó; incluso amenazó con iniciarles proceso penal.
Otro aspecto que hizo notar Velasco es la interacción con las provincias. Puso como ejemplo a la Felcv de San José de Chiquitos, que en algún momento atendió casos de violencia, “y el reporte no lo conocemos como Dirección Departamental. Esas funciones sí las ejerce la Policía del lugar, pero es múltiple, porque atiende Tránsito, Felcc, Felcv y hasta comisarías. Es algo que dimos a conocer en su momento”.
Velasco manifestó que, entre las sugerencias para la lucha contra la violencia, desde la experiencia policial se ha planteado la necesidad de contar con direcciones regionales, ya que en varios municipios no existen las oficinas de la Felcv. También se pidió que se inserte en la currícula escolar la Ley 348.
Para el constitucionalista William Herrera, de nada sirve la ley más dura si no se cumple, si no existe un tribunal independiente que se encargue de darle cumplimiento. “La ley en los papeles está bien escrita, pero no sirven los derechos solo en el papel”, cuestionó.
El experto legal lamentó que más bien se hubiera disminuido el presupuesto para el Órgano Judicial, “que ya era reducido”.
Lety Tordoya, abogada de Mujeres Creando, cuestionó que desde hace dos meses no se pague salarios a los funcionarios del Órgano Judicial, lo que ocasiona que sean presa fácil de la corrupción y que trabajen “de no muy buena gana”.
Justicia que revictimiza
El pasado 25 de noviembre se inició la recolección de propuestas para modificar la Ley 348. El ministro de Justicia Iván Lima indicó que se presentaron más de 1.000 sugerencias en las que hay una serie de lineamientos, “el más sensible es un debate sobre una palabra, conciliación”, dijo, aunque ante la polémica generada dejó en claro que “no hay conciliación con el que comete un feminicidio, y tampoco cuando se trata de delitos graves”.
García considera que la violencia tiene que seguir siendo considerada un delito de acción pública como hasta ahora, y que esta no puede conciliarse, “ni volver al ámbito familiar, sería una sentencia de muerte”. Reconoce que hay falencias, como los procesos largos y burocráticos, que obligan a las mujeres a abandonar sus procesos.
“Se requieren dinámicas más ágiles, porque actualmente la mujer debe caminar a la Felcv, al médico forense, a su distrito, es moroso, complejo y cuesta dinero, lo que revictimiza a las mujeres”, criticó.
Puso como ejemplo el drama que viven las mujeres en el área rural, donde no hay Felcv ni Ministerio Público. “Una mujer de Campo Víbora, en San Javier, debe movilizarse a Concepción, donde se encuentran la Felcv y el asiento del Ministerio Público. Cuánto le cuesta a esa mujer, y si está en peligro, cuánto tarda en llegar una unidad hasta allá, si acá demora tres horas, y eso es porque no hay la cantidad suficiente de servidores públicos especialistas en el tema”, aseveró.
Según ella, ya deberían crearse los Servicios Legales Integrales diferenciados de las defensorías. “Y de los más de 300 municipios de Bolivia, solo 17 cuentan con ese servicio diferenciado, significa que está creado, pero es el mismo personal de la Defensoría que los atiende. No solo es atención, sino además prevención”, argumentó.
Tordoya también reconoció la revictimización como un problema. Cree que las instancias públicas no sirven, atienden mal, no dan soluciones, y que si lo hacen es por algún padrinazgo o madrinazgo; que en la Policía no solo no tienen recursos, sino que además no están capacitados, ya que se dejan absorber por prejuicios o dogmas religiosos, cosa que se repite en la instancia judicial.
La ex directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, cuestionó hasta dónde trasciende la corrupción en la institucionalidad. Dice que hay una cultura de la corrupción y, para que eso se dé, es porque hay una violación a la norma, y complicidad entre partes.
“Ni siquiera se ha logrado aplicar la ley, la estamos modificando sin haberla puesto en marcha porque nunca hubo presupuesto, jamás fue garantizado, digno y suficiente. Esto devela la falta de voluntad política, todos dicen ‘vamos a pelear contra la violencia, este es el año contra el feminicidio’, todos los gobiernos lo han dicho, hasta Jeanine”, recordó.
En la misma línea, Herrera coincidió en que cualquier cambio a una norma debe ser posterior a una evaluación seria de falencias, fortalezas y resultados y que en el caso de la 348, debió apostarse por tribunales, policías, fiscales especializados y equipos de trabajo multidisciplinarios.
“La política del MAS ha sido lanzar leyes porque conviene en el ámbito internacional, donde creen que lo que se escribe se cumple. Cosa que no sucede acá”, criticó.
Propuestas
La Casa de la Mujer, además de exigir que la ley modificada diga de dónde saldrá el presupuesto; sugiere incorporar temas como la pornovenganza y la violencia digital, “para los policías eso ni es violencia ni es trata, ya que para que sea trata tiene que haber lucro como fin”, lamentó.
García reconoció muchos otros vacíos legales, como el acoso sexual, solo tipificado en el ámbito laboral, o cuando existe un grado de dependencia o subordinación.
Otra de las “falencias”, según la Casa de la Mujer, es la formación de las promotoras comunitarias, que si bien están validadas, “carecen de presencia en los pueblos indígenas”.
La titular de la Casa de la Mujer dijo que, hasta este momento, la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que cada comunidad indígena verá el tema de la violencia, pero recordó que muchas veces “estos usos y costumbres más bien reproducen y refuerzan la violencia y no podemos intervenir porque es su jurisdicción”.
Sugirió establecer claramente que la jurisdicción indígena intervenga cuando no peligre la vida de la mujer.
Para Herrera, más allá de cualquier reforma a la Ley 348, se requiere una reforma integral al sistema judicial y, como parte de esta, un fortalecimiento de los mecanismos para proteger a la víctima.
Mujeres Creando también publicó sus propuestas. Lety Tordoya dijo que el colectivo no va tras un ajuste presupuestario y que la conciliación ya existe en la Ley 348, pero no en el sentido del “yo te perdono”, sino en el de “vete, dame la asistencia para mis hijos, firma las medidas de protección, pero no quiero ir por la vía penal”.
María Galindo planteó la propuesta del colectivo en cuanto a modificaciones de la ley. Una de ellas es que el sujeto pasivo de la ley sean las mujeres y la población GLBT, y no así los hombres.
“La ley hoy está siendo usada por hombres que se victimizan para relativizar la violencia que ejercen contra sus parejas y frenar las denuncias de estas”, sostuvo.
Tordoya explicó que el artículo 5 de la Ley 348 relativiza la violencia y la ocupa para los fines que no fue creada, ya que es usada por los demandados para contrademandar a sus agredidas.
Otro punto observado es que la Ley 348 “excluye del acceso a la justicia a las mujeres más pobres y trabajadoras que no cuentan con el tiempo para sostener un proceso penal, es decir el 80%. Además, está el sabotaje del investigador policial, del forense, y así sucesivamente”, cuestionó.
Mujeres Creando propuso que sea la mujer la que escoja la vía penal con representación jurídica, o la vía directa sin representación jurídica para la solución en una sola audiencia inmediata.
Otra recomendación de Mujeres Creando fue quitar la competencia a la Policía, convirtiendo la fuerza de lucha contra la violencia, con su presupuesto e infraestructura, en un servicio multidisciplinario civil, dejando a la Policía los casos penales.
Tordoya agregó que la rehabilitación en casas de acogida se aplica a las mujeres, mientras que el hombre se queda desapareciendo todos los bienes. También exigió que el funcionario público esté sujeto a la imputación, para sacarlo de la función pública, de tal forma que no sean tan impunes.
“Entrar en el debate de la conciliación es distraerse de cosas más graves”, aseveró Tordoya.
Los números
Hasta noviembre del año pasado en Santa Cruz la Felcv registró 13.644 hechos de violencia, a menores y adultos, incluyendo feminicidios y abuso sexual. De ellos, 300 se anotaron en noviembre.
En el Plan Tres Mil, la Felcv atendió hasta noviembre de 2020 el mayor número de hechos de violencia, 1.762 casos, de los cuales 1.465 se refieren a violencia familiar. La Felcv de la avenida Santos Dumont y tercer anillo reportó 1.629, de ellos 1.361 fueron violencia familiar o doméstica. Les siguen Los Lotes, La Pampa y la Villa. En provincias, Warnes, Montero y La Guardia encabezan las estadísticas..