El termómetro electoral marcó una elevada temperatura al inicio de esta semana, puesto que al menos seis candidatos de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) sienten que la presión legal y política en su contra se ha incrementado. El Gobierno negó que exista “un plan estructurado” para dejar fuera de carrera a líderes que aparecen como favoritos en resultados de encuestas recientes.

Jeanine Áñez, Manfred Reyes Villa, Rafael Quispe, Santos Quispe, Eva Copa e Iván Arias confrontan estos problemas.

La expresidenta Áñez, quien candidatea a la Gobernación del Beni por la alianza local Ahora, fue acusada de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. La notificación fue formalizada en Trinidad.

“He sido citada en la Fiscalía con amenaza de que me detengan. Es un caso sin fundamento (…) en plena campaña, es una persecución política… Aquí estoy y aquí estaré”, escribió Áñez en sus cuentas en redes sociales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en un contacto con El DEBER, precisó ayer que esa citación estaba vinculada con un caso de “negligencia en la dotación de insumos médicos para el sistema de salud de Chuquisaca”.

Alegatos

“Es una acción que ha sido promovida por distinguidos constitucionalistas del pueblo chuquisaqueño (…). El juez no está pidiendo su detención porque ella, siendo expresidenta, tiene un privilegio constitucional y de este modo tendrá que ser enjuiciada en un juicio de responsabilidades”, señaló el ministro Lima.

La citación fue entregada a las 11:00 de ayer y la expresidenta se presentó en horas de la tarde ante fiscalía de delitos anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas de la capital beniana.

En todo caso, la candidatura de Añez se mantiene vigente, pero esa notificación, según señaló Gonzalo Barrientos, exdiputado y candidato a la Alcaldía de Potosí por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), “recuerda lo que pasó en 2015, cuando 228 candidatos de Unidad Demócrata (UD) fueron eliminados por una decisión política del TSE”.

Es el estilo del MAS, controlar los poderes del Estado de una manera muy grosera, para sus proyecciones electorales”, afirmó el candidato potosino en declaraciones a radio Panamericana.

En esa línea, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón afirmó que la administración de justicia ya ha dado señales de “sumisión a los intereses del MAS, después de que el Gobierno abandonó la agenda de la reforma constitucional que era algo realmente imprescindible”.

“El MAS usa a su gusto y antojo a todo el sistema de justicia que existe en el país y con mayor razón lo va a hacer tratándose de las campañas y candidatos que le pueden ganar a los suyos”, afirmó el legislador a esta redacción.

Ahora bien, hace algunos días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó una sentencia ejecutoriada y coactiva contra Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía de Cochabamba. El falló señala que el líder de la agrupación Súmate debe pagar Bs 2,3 millones por la compra irregular de vehículos en 2006 para la entonces prefectura cochabambina.

El dirigente vecinal Fernando Vargas aseguró que esa decisión, que podría dejar fuera de carrera a Reyes Villa, “ha puesto a todo el pueblo cochabambino en alerta, porque se atenta contra los principios democráticos debido a una estrategia del MAS ”. Aseguró que el candidato de Súmate “es insustituible” y que por ello realizarán una campaña para recolectar recursos. “Moneda a moneda, billete a billete, así vamos a reunir los fondos para que nuestro candidato siga en carrera. Ya hemos recibido ofertas de depósitos por empresarios”, afirmó el dirigente.

Ante este escenario, el ministro Lima admitió que este es un caso de retardación de justicia, pues data de hace unos cinco años.

Todos los candidatos deberían estar predispuestos a aclarar sus cuentas con la justicia y eso eso es lo que le pedimos al candidato Manfred Reyes. Hay un proceso muy claro sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia y él debería dejar de presentar chicanas legales y de una vez debe cumplir con las sentencias judiciales, y si no lo hace debe actuar el Órgano Electoral y tomar las medidas que establece la Constitución y la Ley Electoral (…). Este no es un interés del Gobierno, es algo que dice la norma”, afirmó el Ministro de Justicia.

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que ninguna persona con pliego de cargo ejecutoriado pendiente puede ser candidato.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para la presentación de impugnaciones o demandas de inhabilitación contra candidatos feneció el sábado 20 de febrero. El vocal Francisco Vargas, en contacto con EL DEBER, informó ayer que hasta ese vencimiento “se atendieron 30 denuncias”. Precisó que existe un plazo de cinco días para responder a cada una de las impugnaciones.

“Para el caso de las elecciones subnacionales son los Tribunales Electorales Departamentales (TED) los que atienden esas causas y, cuando existe una apelación, es el TSE que lo define”, puntualizó la autoridad electoral.

Otro caso. Rafael Quispe, candidato a la Gobernación de La Paz por la alianza Somos Pueblo, la semana pasada fue condenado a dos años de cárcel por la denuncia de acoso político contra Felipa Huanca, exdirigente de las Bartolinas, la organización de mujeres campesinas afín al MAS.

Quispe vinculó a Huanca con hechos de corrupción en el ex Fondo Indígena, uno de los escándalos de corrupción más grandes que afectó a la gestión del expresidente Evo Morales. Conocido como el Tata Quispe, el candidato recorrió hace algunos días las calles de La Paz encadenado para denunciar injerencia del MAS en la administración de justicia.

“Esto es un exceso. Él sabe bien que su sentencia tiene todavía una apelación, tiene casación. Me parece que ha tratado de victimizarse y ha quedado claro que no hay ninguna persecución contra él”, remarcó el ministro Iván Lima.

La Paz y El Alto

Los candidatos que aparecen de favoritos en las encuestas de tendencia electoral en La Paz y El Alto son Iván Arias y Eva Copa. El diputado Juanito Angulo (MAS) anticipo el criterio de convocar a Arías, quien fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Añez, y a Copa, como expresidenta del Senado, a declarar en el caso que el Banco Central de Bolivia inicio por la contratación “ilegal” de un préstamo de más de $us 300 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este es un proceso legal aún está en fase inicial.

Pero, además, contra la candidatura de Arias, existe una demanda de impugnación por parte del abogado Ómar Durán, quien le acusó de difundir encuestas fuera de los plazos establecidos por ley. A esta demanda se suma otra acción anunciada ayer por Ricardo Ávila, representante de Demócratas en La Paz. 

Aseguró que el TSE debería anular la alianza Somos Pueblo, porque no cumplió con los requisitos formales. “Nos han dicho que hasta el miércoles vamos a tener un fallo”, afirmó.

No obstante, Barrientos —dirigente nacional de Demócratas— afirmó que esa alianza fue legalmente constituida y que “el Tribunal Electoral, por el principio de preclusión, no puede fallar en contra.

Por otro lado, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que postula la reelección de Félix Patzi a la gobernación de La Paz, impugnó la candidatura de Santos Quispe, el hijo del líder aymara Felipe Quispe, el Mallku. La denuncia señala que el candidato por la agrupación Jallalla aún es funcionario público y no renunció para habilitarse con 90 días de antelación como manda la ley.

“Patzi se ha vendido (…) al partido del MAS porque el delito había sido que yo entrando a la Gobernación voy hacer auditorías”, afirmó Santos Quispe en una declaración a la agencia ANF.

La lista final y definitiva de candidatos habilitados para la justa electoral del 7 de marzo será publicada un día antes, el sábado 6 de marzo, según recordó el vocal Vargas, quien aseguró que el TSE obrará de acuerdo con la ley.

Por Taxi Noticias

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