Una serie de reuniones con representantes del Banco Central de Bolivia (BCB) para identificar a responsables del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la nueva iniciativa que tiene en agenda la Procuraduría General del Estado.

Desde el BCB, más allá de la gestión de ayuda para hacer frente a la emergencia sanitaria que azota a Bolivia desde marzo pasado, se  apunta a un supuesto daño económico al Estado por $us 24, millones y que se activó tras realizar la devolución de los fondos al FMI.

El Banco Central de Bolivia dio a conocer el 17 de febrero que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo gestionado por el Gobierno de Jeanine Áñez y que fue considerado irregular (en esta suma se integran $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el Estado).

“Se ha tomado en cuenta esto y se van a tener reuniones con el BCB para identificar a los responsables de ese grave daño al país, por tomar un crédito rompiendo las normas constitucionales que establecen que los préstamos se realizan a través de ley y no de decretos supremos”, indicó el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.

Dicho crédito  fue solicitado como una salida para hacer frente al Covid-19, en un contexto en el que el sistema sanitario flaqueaba, pero el fondo no llegó a materializarse debido a un bloqueo de la Asamblea Legislativa, por lo que se tuvo que buscar otros mecanismos para hacer efectiva su concesión que en su momento también se anunció que era sin condiciones.

El viernes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.

Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24,3 millones generado por el crédito del FMI.

“Los responsables de ese despilfarro son los que están tomando la decisión de devolver ese dinero y no utilizar el crédito”, aseguró el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana), quien calificó como “antipatria” realizar préstamos y no usar los mismos tal como habían sido pactados. 

En su criterio debería procesarse al Gobierno por devolver el dineroy por los costos económicos que está asumiendo el Estado en estas operaciones.

Desde la esferas del sector económico el exdirector del BCB, José Gabriel Espinoza, también se refirió al tema. «Ha sido el BCB quien ha hecho los pagos y la devolución, estamos ante un daño económico muy fuerte a la institución, por parte de la actual directiva de la entidad. Una obligación que no le corresponde», cuestionó el economista.

Espinoza explicó a EL DEBER que existen varios informes técnicos y actas del directorio del BCB donde muestran claramente la naturaleza de la operación, la misma que no corresponde a un endeudamiento, lo que junto con el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Economía y el FMI (todos ellos documentos públicos) dejan al menos dos elementos, que él considera ‘falsos’ emitidos por la actual directiva del BCB.

«La operación IFR no planteó jamás ninguna condicionante a la política fiscal o monetaria de Bolivia. Esta no es una operación de endeudamiento, sino de intercambio de divisas» remarcó. En este contexto, observa que la liquidación adelantada de la operación, que estaba pactada a cinco años, es la que causa la pérdida cambiaria que señala el actual presidente del BCB, probablemente por una falta de una adecuada evaluación técnica.

De acuerdo con los datos del BCB el crédito del FMI, que devolvió el gobierno de Luis Arce Catacora, tenía una tasa de interés inferior a los préstamos que recibió de la República Popular de China y de otros seis organismos más.

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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