El sector empresarial obstaculiza la defensa de los derechos humanos en Perú, lo que deja a los activistas expuestos a agresiones o a ser criminalizados, según un informe divulgado este jueves por dos ONG internacionales.
«El sector empresarial en el Perú juega un rol importante en el clima de inseguridad y ataques contra las personas defensoras de derechos humanos», dice el reporte preparado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En el país, 119 defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre 2011 y 2018, y otros cientos fueron puestos bajo la lupa de la justicia por haber tratado de proteger los derechos de las personas o los territorios, agrega.
«La defensa de los derechos humanos en el Perú es una profesión de riesgo», afirma el reporte del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, proyecto conjunto a la OMCT y la FIDH.
«Se sigue asesinando a líderes sindicales», dice el documento, que menciona el caso del dirigente de la construcción Jerson Henry Noé Suárez, quien recibió ocho disparos en la obra donde trabajaba en la región norteña de Piura, en julio de 2020.
Los activistas son tildados de «agitadores» y sus organizaciones de «defensoras de terroristas», lo que genera un «ambiente que facilita las agresiones en su contra», agrega.
Las autoridades peruanas no han comentado hasta ahora el informe, que indica que en el país hubo 120 ataques a defensores de los derechos humanos entre 2017 y 2020, de los cuales 92 «están asociados a las actividades de empresas formales».
«Los sectores que más atacan a los defensores de derechos humanos son el minero (58,3%) y el agroexportador (20,83%)» señala el reporte, que contó con la colaboración de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Los defensores «de la tierra y el territorio» y del medio ambiente «enfrentan vulneraciones sistemáticas» por la implementación o desarrollo de proyectos extractivos, la agroindustria, desarrollos inmobiliarios y proyectos de infraestructura», dice el documento.
«A la estigmatización que enfrentan por ser críticos con la ejecución de estos proyectos, se suman las acciones de represión mediante el uso excesivo de la fuerza o la militarización de sus territorios», añade.