Comunidad Ciudadana (CC), a través de su bancada legislativa, presentó hoy un proyecto de Ley de Acceso a la Información, mediante la cual se busca el acceso a toda la información y de los diferentes niveles del Estado.
“El acceso a la información nos garantiza el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, no se puede concebir una democracia real si los ciudadanos no tenemos libre acceso a la información pública, porque la información del estado es patrimonio de todos los bolivianos”, dijo el jefe de CC, Carlos Mesa.
Mesa detalló que la ley tiene características de que toda información es pública y cualquier ciudadano tiene derecho a acceder.
El proyecto señala que el acceso a la información debe ser de acceso gratuito.
Los elementos del proyecto se basan en la accesibilidad a la información, obligatoriedad de los funcionarios de entregar información y representatividad. Este último punto señala que los periodistas y medios de comunicación son instrumentos privilegiados de intermediación entre la base de la sociedad y el estado, dar a los medios acceso directo y sin restricción
“Pero la ley no solo es para los periodistas, sino para que cualquier ciudadano pueda pedir información al estado”, dijo
El proyecto busca la efectividad, que el pedido de información sea respondido de manera adecuada.
Otro criterio es el de Gobierno en línea y dando información en tiempo real. Es decir, en páginas electrónicas y del estado.
“La ley contempla la obligatoriedad de dar información pública, tanto del Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial y todas las estructuras del estado departamental, municipal, tendrían la obligación de dar información”, dijo.
Según el proyecto, los funcionarios tendrán un máximo de cinco días para entregar la información.
Asimismo, el proyecto incluye la constitución de tribunales y jueces especiales de acceso da la información, que podrán sancionar a los funcionarios que incumplan la norma.
El proyecto señala que toda la información es pública, salvo aquellos elementos vinculados a la seguridad del estado. “Cualquier limitación por temas de seguridad del estado debe se determinado por una ley y no por decreto”, dijo Mesa.