El Banco Central de Bolivia (BCB) anuló y ejecutó la devolución de $us 346,7 al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), gestionado irregularmente, según el titular del ente emisor Edwin Rojas Ulo, en abril de 2020 durante la gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
A decir de Rojas, este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones por comisiones e intereses.
“El análisis realizado por el BCB también determinó que el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI, incumpliendo con lo establecido los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país”, apuntó el titular del BCB.
En este sentido, según Rojas, el BCB como agente financiero del Gobierno efectuó el pago total de $us 351,5 millones, de los cuales $us 346,7 millones son el pago de capital, generando un costo financiero total al Estado de $us 24,3 millones en nueve meses de haberse desembolsado.
Así, el BCB realizará acciones administrativas, civiles y penales en contra de ex servidores públicos que resulten con indicios de responsabilidad en el proceso de negociación, suscripción y operación del crédito con el FMI.
Reacciones de exautoridades
Para el exministro de Economía, Óscar Ortiz, es un error que comete el Gobierno del presidente Luis Arce por motivaciones ideológicas. “Primero, bloquearon la aprobación de esta operación financiera en la Asamblea y con la devolución de estos recursos al FMI privan al país de más de $us 300 millones que se necesitan para la reactivación. Disminuyen las reservas internacionales y complican las posibilidades de financiamiento internacional. Esta será una mala señal que se da a la comunidad internacional”, criticó.
Ortiz relievó que el costo de esta línea de emergencia es menor a la de otros créditos internacionales, por lo que los argumentos que se usan no son reales y buscan camuflar una decisión política.
Similar fue el criterio del exministro de Economía, Branko Marinkovic, al indicar que la ideología esta por encima de los intereses del país. “Bolivia no necesita de modelos que fracasaron en todos los países que se aplicaron sin excepción, necesitamos reactivar la economía a través del esfuerzo conjunto de Gobierno y privados. Esto parece ser ajeno al presidente, que insiste sobre su modelo fallido que nos dejó en esta situación”, expresó.
Para el exdirector del BCB, Róger Banegas, no es correcto ni pertinente que el BCB asuma la obligación que no le corresponde porque se trata de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el FMI. Aclaró que la operación estuvo concebida como un ‘swaps’ de divisas -acuerdo entre dos partes para intercambiar monedas- y no es una deuda.
Además, precisó que llama la atención que el directorio del BCB asuma políticas que ponen en riesgo su institucionalidad.
Mientras que el exdirector del BCB, José Gabriel Espinoza, lamentó que desde el Banco Central de Bolivia (que no debería tener una dependencia política del Ministerio de Economía) se realice una acción política.
Sostuvo que si el BCB hizo los pagos y la devolución, como dijo Rojas, “estamos ante un daño económico muy fuerte a la institución, por parte de la actual directiva del Banco Central. Una obligación que no le corresponde”.
Para el economista Gonzalo Chávez quizás había una opción de renegociar en mejores condiciones este préstamo con el FMI. “¿Quién pagará los $us 24 millones de los costos de la variación cambiaria, comisiones e intereses de la devolución del préstamo?”, cuestionó y al igual que Banegas observó que la acción correspondía al Ministerio de Economía.