El MAS omitió el plazo de 60 días calendario que establece la Constitución Política del Estado y no convocó a la sesión de Asamblea Legislativa para tratar el pedido de objeción a la designación del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano. La petición fue presentada el 21 de noviembre de 2019 por la senadora Centa Rek, de Creemos, y luego por el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).
La senadora remitió una carta al vicepresidente David Choquehuanca en la que hizo conocer que existían motivos justificados para que se revisara la designación del procurador. Chávez fue ministro de Gobierno (septiembre de 2011 a enero de 2012) y viceministro de Seguridad Ciudadana (enero 2018 a noviembre de 2019); además, fue abogado del expresidente Evo Morales cuando enfrentaba un proceso por sedición y terrorismo.
El diario digital La Resistencia publicó el 3 de febrero de 2020 un tuit de Evo Morales que decía: “Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el @TSEBolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos. Esta se suma a la persecución en contra de otros miembros del Movimiento Al Socialismo por el régimen de Añez”.
El año pasado, la bancada del MAS objetó y retiró del cargo al entonces procurador Alberto Morales, designado en la gestión de Jeanine Añez, acusado de patrocinar un proceso contra el Estado.
La oposición lamentó que se aplique la ley de manera selectiva. Que tuvo un criterio implacable con Alberto Morales en 2020 y benevolente con Chávez, este 2021.
El artículo 230 de Constitución establece que la designación de la procuradora o del procurador general del Estado podrá ser objetada por decisión de, al menos, dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo no mayor a 60 días calendario desde su nombramiento. Además, recalca que esa objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada.
La denuncia
En la carta enviada el 21 de noviembre al vicepresidente David Choquehuanca, Rek señaló: “efectuamos la objeción a la designación del procurador Wilfredo Chávez y solicitamos a su presidencia, se considere ante el pleno de la Asamblea Legislativa”, señala la nota de petición.
El 25 de noviembre de 2020, el secretario general de la Vicepresidencia del Estado remitió una carta a la senadora María Patricia Arce Guzmán, presidenta de la comisión mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, donde le señalaba que, en atención a la instrucción emitida en la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 24 de noviembre de 2020, pedía que se proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento General de la Cámara de Diputados (aplicable al funcionamiento y organización de la Asamblea).
La misiva tenía relación con la propuesta de objeción a la designación de Chávez.
El artículo 132 del Reglamento General de Diputados establece que “los proyectos de Resolución o Declaración Camaral serán presentados ante la presidencia de la Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días. La Asamblea no podrá tratar ningún proyecto de declaración o resolución camaral sin el dictamen de la comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada. Si la comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el pleno”. Pasaron casi tres meses.
El 12 de enero, el secretario general de la Vicepresidencia, Rubén Aldo Saavedra, remitió otra nota a la comisión, esta vez suscrita por el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, diputado Carlos Alarcón, con relación a la propuesta de objeción a la designación de Chávez, que también tenía un plazo de tres días para tratarse.
El 15 de enero, el secretario general volvió a escribir a la presidenta de la comisión y pidió que esa instancia expida el informe respectivo con relación a la objeción a la designación del procurador Chávez, planteada por la senadora Centa Rek.
La senadora María Patricia Arce explicó ayer a EL DEBER que su comisión “remitió la resolución a la Vicepresidencia, con todos los descargos y en el plazo correcto”.
Luego, señaló que “seguramente en la Asamblea se va a tratar este tema, porque no fue considerado hasta ahora. Remitimos al presidencia de la Asamblea, que debe convocar a una sesión para tratarlo en el pleno”, acotó.
Sin embargo, no quiso adelantar el contenido de la recomendación. “Nosotros nos basamos en la parte legal. Contestamos y el pleno de la Asamblea definirá si se acepta o no nuestra recomendación”. Ante la insistencia respondió: “Por favor no me fuerce a decirle algo que no está en mi competencia”, y luego se despidió con mucha gentileza.
Centa Rek, que ayer se excusó de conversar con este medio porque estaba rumbo a una cita médica, explicó tras presentar la solicitud, que “los motivos para revisar la designación de Chávez están sustentados. Tienen que ver con vínculos que ha tenido con el Órgano Ejecutivo y también en la defensa en un proceso con la empresa CAMC contra el Estado, donde Bolivia perdió millones”.
Chávez, tras ser consultado sobre si fue abogado de CAMC, centro de polémicas en años pasados por contratos millonarios con el Estado y por qué su gerente comercial fue Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, respondió escuetamente que ese tema era “meramente político” y que habló de esto en un proceso judicial.
Ante la insistencia de los periodistas replicó: “No he defendido un solo proceso contra el Estado, he respondido y aclarado esto en tres investigaciones que se hicieron sobre el tema, es una situación meramente política”, enfatizó.
En una carta a la Vicepresidencia, Chávez aseveró que presentó una certificación que señala que no es militante del MAS, lo que también impide legalmente que sea procurador. Sin embargo, los opositores hicieron notar que en la última elección fue representante legal del MAS ante el TSE, lo que prueba su filiación política.
Por su parte, CC exigió al vicepresidente David Choquehuanca, que convoque a sesión del parlamento para tratar la objeción. Observó la designación de Chávez, y recordó también que la Ley 064 establece que un requisito para asumir el cargo es no haber tenido procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento.