De ese modo se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de mayor precariedad social por la crisis motivada por la pandemia de coronavirus.
La secretaria de Estado de Vivienda, Emmanuelle Wargon, explicó este martes (2.01.2021) en una entrevista al canal BFMTV que este aplazamiento de dos meses se justifica porque «en esta situación de crisis» no se puede permitir que la amenaza de la expulsión penda sobre los arrendatarios.
No obstante, puntualizó que «las expulsiones de inquilinos no se pueden detener en Francia» porque también hay que pensar en los propietarios.
El retraso de dos meses -añadió- es para planificar la búsqueda de soluciones, y en particular de alojamientos alternativos.
Durante esos dos meses y hasta el mes de junio, las compañías de gas y electricidad no podrán cortar el suministro aunque no se paguen las facturas, como ya ocurre durante la «tregua invernal», que normalmente dura del 1 de noviembre al 31 de marzo. En 2020, ya se había prolongado tres meses más.
En paralelo a esta congelación de los desahucios, la secretaria de Estado presentó un dispositivo para mejorar la indemnización de los propietarios «para que sea más rápida y más automática».
En la actualidad, los caseros que no pueden cobrar sus mensualidades, tienen que acudir a los tribunales para conseguir una decisión de expulsión y después pueden recurrir a las prefecturas (delegaciones del Gobierno) para solicitar una compensación hasta que el Estado ponga los medios para ejecutar la expulsión.
Con ese nuevo dispositivo, será el departamento de Vivienda el que gestionará esa indemnización, y Wargon aseguró que se pondrá «más dinero». (EFE).