El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con los dirigentes de 15 comunidades de la provincia Guarayos sobre el tema de la tenencia de tierras. Se comprometió a dar soluciones jurídicas a la otorgación de tierras que habría perjudicado a pequeños productores para favorecer a gente ajena a las comunidades afectadas.
Entre los puntos acordados se define la anulación de titulaciones emitidas duranteel Gobierno de transición de Jeanine Áñez.
Otro de los puntos acordados se refiere a la presencia periódica de técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en dicha región, para dar respuesta a diferentes problemas relacionados con la distribución de tierras.
Entre los ocho puntos acordados también se indica:
1. Anulación de todos los títulos ejecutoriales y resoluciones finales de saneamiento emitidos mediante un Decreto Supremo durante la anterior administración.
2. Ratificación de las resoluciones administrativas de autorización de asentamientos que fueron anulados por el anterior Gobierno.
También se compromete en realizar una revisión y auditoría a los procesos de saneamiento de los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte y emitir una resolución administrativa de anulatoria al proceso de saneamiento del predio Río Negro.
Edwin Characayo, ministro de MDRyT, explicó que para dar solución al conflicto una comisión de técnicos se trasladó al lugar para establecer mesas de trabajo integrales que aborden principalmente temas relacionados con tierra. Comunarios de Guarayos llevaban a cabo bloqueos de rutas, exigiendo que atiendan sus demandas.
Sobre el tema de Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, Branko Marinkovic, exministro de Economía, lamentó que se siga insistiendo con tema cuando se trata de propiedades adquiridas hace 30 años como es el caso de la propiedad Laguna Corazón, mientras que el predio Tierras Bajas del Norte fue comprado en 2001 al Banco Nacional de Bolivia y aún tiene una hipoteca por $us 2 millones.
Marinkovic remarcó que nunca hubo una dotación de tierras, sino que esas propiedades se compraron a particulares.
Considera que es una gran contradicción que el Gobierno busque dejar sin efecto las titulaciones, pues cuando él presentó un amparo ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del MAS argumento que no tenía motivos de protestar pues sus propiedades estaban siendo tituladas.
(El Deber)