El paro de 10 días convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) sigue su curso y pese a ser una movilización pacífica y en la que se demanda la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el Gobierno anunció acciones en los próximos días para pedir sanciones contra los movilizados y hacer cumplir la nueva normativa.
Esta última iniciativa nace desde el Órgano Legislativo, desde donde anunciaron que visitarán los hospitales y centros de salud para conocer los efectos de la movilización de los profesionales de salud. El ente responsable será la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea.
El presidente de la comisión, Juan José Jáuregui, manifestó que una vez se tenga el reporte de los centros de salud se emitirá un informe que será remitido al Ministerio de Salud, donde incluirá «recomendaciones» para hacer cumplir las sanciones establecidas en la Ley de Emergencia Sanitaria.
Según el artículo 36 de la Ley (y que genera el rechazo sectorial) las personas naturales que cometan faltas serán sancionadas con multas desde 50 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), es decir, Bs 117,5 en casos más leves, y hasta 1.000 UFV (Bs 2.350) en casos más graves. Para personas jurídicas, se determina sanciones desde 1.000 UFV (Bs 2.350) en los casos leves y hasta 10.000 UFV (Bs 23.500) en los casos más graves.
El presidente de la Cámara de Diputados, Teodoro Mamani, había anunciado también, antes de la promulgación de la norma, que los médicos y trabajadores de salud no pueden estar en paros ni en movilizaciones, porque eso atentaría contra la salud pública, “atentaría contra la vida del pueblo boliviano”.
Sin embargo, en esta ocasión, Mamani optó por poner paños fríos a la situación al referir que hay una convocatoria extendida a los sectores en conflicto a sumarse al diálogo para la elaboración del Decreto Reglamentario de la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria promulgada recientemente con el objetivo de viabilizar las políticas públicas para enfrentar los contagios por Covid-19.
“Ellos no estaban de acuerdo con tres artículos (y se modificaron). Ahora no sabemos por qué quieren abrogar. La única forma de responder (a los paros) es con el diálogo y (ellos) aclaren qué quieren. El Gobierno está en contra de la pandemia y no de los médicos. Ellos deben ponerse la camiseta de Bolivia para enfrentar la pandemia”, acotó el presidente de la Cámara Baja.
El paro en el servicio de salud público a nivel nacional se inició el viernes como medida de presión contra la norma mencionada, ya que consideran que atenta contra sus derechos. Hoy es el quinto día de movilización.
Otras acciones
En este contexto, desde la Defensoría del Pueblo, manifestaron que el 80% de los centros de salud del país -tanto en el sistema público como en la seguridad social- no acata el paro en su totalidad,
El personal de la Defensoría visitó 54 establecimientos (16 de ellos de tercer nivel) en todo el país y verificó que 43 de ellos trabajaban con normalidad. Los 11 restantes (el 20%) acataron la medida de presión; seis de ellos son parte de la Caja Nacional de Salud (CNS) y cinco del sistema público.
En la primera visita, realizada el viernes 19, se estableció que el 73% de los establecimientos visitados no cumplía con la medida de presión, y en la segunda, efectuada el lunes 22, se concluyó que el 80% no acataba la medida.