El abuelo de Carlos Manuel era dueño de una funeraria a mediados del siglo pasado; su vecino de los altos fundó un bufete de abogados en los años 50 y su madre se inició como dentista en una clínica privada. Sin embargo, este habanero de 48 años no podrá desarrollar ninguna de esas labores fuera del control del Estado. Le tocó vivir en una Cuba con mayores restricciones para el trabajador autónomo que aquella que conocieron sus ancestros.
Desde hace varios días, una inquietante lista recorre la Isla. La relación contiene las 124 ocupaciones que el Gobierno ha vetado para ser ejercidas en el sector privado. En la mayoría de los casos se trata de profesiones vinculadas a sectores que son un monopolio estatal y van desde la prohibición de extraer petróleo crudo de forma particular, pasando por la proscripción de elaborar azúcar, hasta negar las labores de abogados, arquitectos, médicos y periodistas por cuenta propia.
Carlos Manuel guarda desde hace mucho tiempo su título de ingeniero civil en una gaveta. Tenía la ilusión de que, con la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, las autoridades iban a levantar el banderín y permitirle trabajar de manera privada en la profesión que le apasiona. Junto a un amigo arquitecto y otro diseñador, fantaseaban con crear una empresa, mediana o pequeña, para ofrecer sus servicios en la construcción y remodelación de hoteles, negocios particulares y viviendas.
Pero en lugar de la esperada apertura, los tres licenciados se quedaron de piedra al leer la lista que los excluye de recibir una licencia de cuentapropistas para dedicarse al oficio que aman. «En un país donde hace falta con urgencia recuperar la belleza arquitectónica de las ciudades, hemos quedado excluidos de poder emprender con nuestro propio esfuerzo«, escribió a un amigo, nada más leer el listado. Esa misma noche, llamó a su hermano que vive en Uruguay para decirle que «a la menor oportunidad» emigraría. Otro profesional que escapa, ante la incapacidad de cumplir aquí sus sueños.
Varios colegas de Carlos Manuel se han unido y firmado un comunicado con el título «La arquitectura independiente no debe ser ignorada en Cuba», en el que piden al Gobierno que elimine tanto la arquitectura como la ingeniería de la lista de esas 124 actividades prohibidas expresamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero albergan pocas esperanzas de que la Plaza de la Revolución dé un paso atrás en esa decisión.
Los temores del Gobierno
A fin de cuentas, la relación de ocupaciones proscritas resume los temores de un régimen que se sabe en desventaja para ofrecer a sus trabajadores salarios atractivos, buenas condiciones laborales y libertades para la innovación o para la libre expresión de opiniones dentro de sus instituciones y empresas. Intuye que un abogado independiente no aceptará tácitamente la vulneración de los derechos de su representado; que un editor libre no se dejará aplicar la censura o que un reportero independiente no esconderá bajo la alfombra las noticias incómodas para el poder.
El Gobierno teme también que permitir el ejercicio particular de ciertas profesiones no solo desatará un éxodo de empleados desde el sector estatal, sino que significaría una importante pérdida de control político sobre miles de cubanos. No son solo personas diplomadas que ganarán autonomía, sino sobre las que el poder dejará de influir, de una manera tan decisiva, como lo hace ahora.