Liz C., de 34 años, denunció que el viernes pasado perdió al bebé de casi cuatro meses que llevaba en el vientre porque se le negó asistencia en varios centros médicos de la ciudad de Santa Cruz, en medio de un paro acatado por un sector de galenos en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria.
“Tengo un embarazo de casi cuatro meses y el bebé se me ha muerto en la barriga. He ido a los centros de salud que hay cerca de los barrios, pero no me han querido atender”, dijo, en una entrevista con radio Patria Nueva.
La gestante explicó que tuvo que recurrir a sus amigas para que le colaboren debido a su situación de alto riesgo y una vecina la llevó a un centro médico con fines solidarios para que reciba la asistencia requerida.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, dijo que el caso tiene que ser investigado y pedirá un informe al personal del Ministerio Público en el Plan Tres Mil y a la Estación Policial Integral Nro 3.
“Así se podría ver diferentes tipos penales. No queremos ser irresponsables en adelantarnos, pero sí lo vamos a investigar hoy mismo”, aseveró.
Mientras en algunos centros médicos públicos se acata el paro; clínicas privadas continúan brindando atención normal en medio de denuncias de cobros excesivos.
El hijo de una mujer con COVID-19, Iván Ramírez, denunció que su progenitora está hace nueve días internada en un centro médico privado y tiene que pagar Bs 2.500 por jornada, sin contar el costo de los medicamentos. “Debo arriba de 20.000, 22.500 bolivianos”, dijo.
El joven indicó que la única buena noticia que recibió es que su madre se recuperó de los efectos del COVID-19 y se está reestableciendo de una neumonía. “Gracias a Dios, ya mañana sale”, enfatizó.
(ABI)