En Bolivia, la industria ha sido uno de los sectores más golpeador por la pandemia que provocó el Covid-19. A septiembre de 2020, el sector experimentó un descenso del Producto Interno Bruto industrial del -11,9% cuando en 2019 se llegó a un crecimiento del 3,19%. Como consecuencia de ello, hubo un impacto en los empleos, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que alrededor de 70.000 personas del sector fueron afectadas por ajustes laborales, reducción de tiempo de trabajo o despidos.
Al cumplir 90 años de vida institucional, el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, hace un repaso de los problemas, pero también plantea nuevos escenarios.
_¿Por qué Bolivia no alcanza los índices de productividad industrial que se reflejan en países vecinos como Argentina o Brasil?
La economía boliviana y sus instituciones, desde su fundación, tienen orientación primaria exportadora, razón por la cual no se enfatizó en el desarrollo del sector secundario (industria). Ésta es la razón histórica, estructural y básica de por qué Bolivia no alcanza altos índices de productividad.
Países como Argentina y Brasil desde el siglo pasado impulsaron al sector industrial con políticas e instituciones de desarrollo industrial manufacturero y con infraestructura productiva. Por ejemplo, Brasil y Argentina implementaron la política de sustitución de importaciones, por lo cual su productividad industrial es mayor a la nuestra.
_¿Por qué no hay una lucha decidida del Gobierno contra el contrabando de alimentos? ¿Es posible que se quiera evitar una inflación?
Existe lucha contra el contrabando; sin embargo, es insuficiente. El contrabando creció año tras año y actualmente supera los $us 2.300 millones por año.
_¿Qué políticas han planteado desde la industria para frenar el contrabando?
Se plantearon medidas concretas, entre ellas modificar la Ley 1053 sobre Fortalecimiento de Lucha al Contrabando que establece privación de libertad cuando el valor del tributo omitido es mayor a 200.000 UFVs (Bs 472.000) y si es menor a este valor corresponde una multa del 50% del valor de la mercadería. La modificación es reducir el valor de 200.000 UFVs a 50.000 UFVs (Bs 118.000).
Además, intensificar la lucha contra el contrabando mediante acciones de interdicción con las Fuerzas Armadas y el viceministerio del área no sólo en la frontera de Chile, sino también en la frontera con Brasil y Argentina.
Implementar un código de barras, Código QR, hologramas en los productos importados a Bolivia en lugar de los timbres actuales que son de fácil falsificación.
_Los productores han sugerido que también alcaldías y gobernaciones apoyen el control de mercadería ilegal…
Sí, debe haber control y decomiso del contrabando por parte de autoridades públicas nacionales y subnacionales (gobernaciones y municipios) en mercados internos (ferias, calles, mercados populares, etc.).
Además, es importante transparentar mensualmente la base de datos de la Aduana sobre importaciones de mercadería por empresas y productos para evitar el contrabando técnico mediante subvaluación de productos y emitir norma al respecto.
_La falta de una política de incentivo a la industria obedece a que el Gobierno responde más a los pedidos de la micro y pequeña empresa?
La orientación de la política industrial del Gobierno es de fortalecimiento de las industrias públicas. Existen alrededor de 50 empresas públicas industriales. Esta orientación es parte del modelo económico social comunitario productivo desde 2016. Asimismo, la actual política de sustitución de importaciones con créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y Banco Unión a tasas de 0,5% anual se orientan con énfasis a pequeñas y microempresas industriales.
Sin embargo, la CNI ha presentado su propuesta de Política y Desarrollo Industrial 2020 -2030, donde plantea un conjunto de 27 políticas públicas para realizar un salto cuantitativo y cualitativo del actual 16% de industrialización hacia el 25% en 2030.
_¿Y cómo se puede lograr ese salto cuantitativo del sector industrial par que pueda aportar un 25% al PIB?
La propuesta plantea la reposición del Ministerio de Industria para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera.
Además, sugiere que en los próximos 10 años, la política industrial debe fortalecer el posicionamiento de la manufactura tradicional y, a la vez, crear las bases para dar un salto tecnológico impulsando sectores industriales de vanguardia y consolidando el rol territorial de los complejos productivos como portadores de transformación y desarrollo.
_¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector industrial?
Debido a los efectos de la pandemia de Covid-19 en 2020 (a septiembre) se experimentó una recesión del PIB industrial del -11,9% cuando en 2019 se llegó a crecer un 3,19%, una reducción de 15 puntos porcentuales. La mayor crisis económica industrial de los últimos 40 años.
_¿Y no experimentaron una mejora con la flexibilización de la cuarentena rígida?
Durante los primeros 60 días de la cuarentena rígida en 2020, sólo el 20% del sector industrial realizó actividades económicas y en la cuarentena flexible la demanda de productos industriales fue mínima, en consecuencia, cayeron abruptamente las ventas; sin embargo, los gastos tributarios, salariales (aguinaldo), crediticios y a la seguridad social continúan inalterables. Debido al Covid-19 las industrias pasaron de generar utilidades a reportar pérdidas con la consiguiente caída de la liquidez y la pérdida de capital de operaciones.
_¿Cómo afrontaron el pago de salarios con bajos ingresos?
El costo laboral (sueldos y salarios) por dos meses de cuarentena rígida e inactividad industrial en el 80% de las industrias representó $us 105 millones. Las ventas no realizadas en el sector industrial por los 60 días de cuarentena rígida alcanzaron a $us 524 millones.
Entonces, las pérdidas del sector industrial a septiembre de 2020 llegaron a $us 51 millones. Las industrias, en el contexto del Covid-19, no generan utilidades, si no pérdidas. En 2020, cerró una industria por día.
_¿Qué porcentaje de industrias se vio obligado a despedir personal entre 2020 y lo que va de 2021?
La tasa de desempleo abierta en Bolivia en 2020 llegó en julio al 11,8%, la más alta de los últimos años Se estima que alrededor de 70.000 personas en el sector industrial fueron afectados por la pandemia (ajustes laborales, reducción de tiempo de trabajo, despidos). Sin embargo, la industria en total (formal e informal) genera 600.000 empleos.
_¿Qué sectores industriales han sido los más afectados por la pandemia y hasta el momento les cuesta recuperarse?
Los sectores no esenciales en el contexto de la pandemia; es decir, textiles, materiales de construcción, plásticos, manufacturas de madera, bebidas, metalmecánica, fueron los más afectados. La contracción de su demanda en 2020 fue mayor al 15% con respecto a 2019.
El problema es la caída de la liquidez (ventas) y en contrapartida los gastos como ser obligaciones salariales, tributarias, crediticias, a la seguridad social, etc. que continuaron inalterables. El resultado es un crítico problema de liquidez con riesgo de insolvencia.
_¿Cree que han sido suficientes las medidas de reactivación económica del Gobierno o faltan otras medidas?
Las medidas del actual gobierno se han focalizado en la reactivación de la demanda agregada fortaleciendo el ingreso de las familias. Nuestra institución ha planteado en su evaluación del año 2020, siete propuestas de política pública desde el enfoque de la oferta para reanimar la economía y al sector industrial.
_¿En qué consiste la estrategia de reanimación económica como la denominan?
Luchar contra el contrabando, modernizar las normas laborales a la nueva normalidad y modalidades de trabajo; reestructurar el sistema impositivo para reducir la carga fiscal en el sector industrial y aumentar su competitividad. Asimismo, abrir nuevos mercados (locales e internacionales), reducir la tramitología y burocracia pública, impulsar la compra de bienes y servicios Hecho en Bolivia y crear un fondo de créditos y garantías estatales para las empresas.
_Y en el largo plazo, ¿cuáles deben ser las medidas?
La agenda de reactivación económica e industrial debe contemplar medidas como mayor institucionalización del aparato estatal, reconversión productiva en base a ciencia y tecnología, aprobación de normas para la inversión privada, nueva ley de inversiones, mayor infraestructura productiva, educación para la producción e innovación e incentivos fiscales para la producción de alimentos, entre otras medidas.
_¿Qué opina del impuesto a las grandes fortunas?
De alguna manera ahuyenta la inversión privada, ahuyenta a esas 150 familias que mencionan, que son las que generan excedentes que usualmente se reinvierten en Bolivia. Esas familias, probablemente, ya no tengan el mismo nivel de reinversión de sus utilidades.
_¿Por qué cree que el Gobierno impulsa más la demanda interna que la oferta?
El impulso de la demanda por parte del Gobierno actual condice con el modelo económico social comunitario productivo que lleva adelante desde 2016.
_En la semana que termina la CNI cumplió 90 años ¿cuáles son los desafíos a futuro?
La CNI es una institución sólida, fortalecida y con alto nivel de reconocimiento a escala nacional e internacional por su trabajo desde 1931.
Hoy, somos testigos de que una nueva realidad se escribe en nuestra historia. Se trata de una nueva normalidad donde los industriales multiplicamos esfuerzos para agregar no sólo de materia prima e insumos a nuestros productos, si no valor agregado con trabajo, capital y tecnología que permita al país subirse al tren de desarrollo.
Los desafíos de la industria en Bolivia estriban en realizar el salto cuantitativo del actual coeficiente de industrialización del 16% al 25% hacia el 2030 y transitar hacia la industria 4.0 que fortalezca la productividad, las cadenas de valor local y la inserción internacional con productos de alto valor agregado con el sello ‘Hecho en Bolivia’.
Así, el principal desafío de la industria es incrementar su productividad para ser más competitivos en el contexto nacional e internacional y contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, debemos trabajar para que junto al Estado se genere un clima apropiado a la iniciativa e inversión privada y se promueva el desarrollo.