En diciembre pasado, con la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), el Movimiento Al Socialismo (MAS) preparó el camino para llevar adelante una “masacre blanca” en la administración pública y entregar las vacantes a sus seguidores.
El 3 de marzo, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo N° 4469, que dispone cuatro “criterios adicionales e institucionales” para acceder a la carrera administrativa, entre ellos, los servidores públicos deberán haber finalizado satisfactoriamente el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y cumplido con el Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador.
Este servicio consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades, enmarcadas en el principio de “servir bien para vivir bien”.
Además, establece que la evaluación de los servidores públicos se realizará con la participación de las organizaciones sociales que están reconocidas en el marco de la Ley de Participación y Control Social.
Constitucionalistas y sectores profesionales advierten que esta norma vulnera el derecho al trabajo y la Constitución, y que en el fondo busca establecer un “aval azul”, sin el cual nadie podrá acceder a un puesto público.
“Es inconstitucional porque violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos: el acceso a trabajo digno”, afirmó el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.
Acotó que se está legislando con una visión de poder, “eso está haciendo que a miles de ciudadanos se los excluya y se les violente sus derechos de ciudadanía e igualdad ante la ley y el derecho al trabajo”.
El diputado Alejandro Reyes denunció que, desde la aprobación del PGE 2021, el Gobierno trabaja en la toma de los puestos en la administración pública, para entregar los mismos a sus seguidores. “Lo que están buscando es hacer lealtades, juntar lealtades, incluso salió a luz un audio en que el propio Presidente indicó que se los estaba sacando a los pititas. Entonces, lo que va a pasar es que sacarán a los funcionarios públicos y van a tratar de imponer gente que es funcional y que es del partido de gobierno, que tenga el carné azul”, dijo el asambleísta.
Función pública
En diciembre pasado, durante la aprobación del PGE 2021, el diputado Reyes denunció que en una parte de decía que se iba a reglamentar el Estatuto del Funcionario Público y que la carrera de funcionario público quedaba en suspenso.
“Entonces, lo que puede suceder es que puede existir una masacre blanca. Nuevamente, el Gobierno utiliza una norma para introducir temas que no tienen relación con el tema específico”, señaló ahora.
Profesionales en emergencia
La Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia se declaró en emergencia por el DS 4469, debido a que contraviene disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE) —los artículos 1, 46, 48 y siguientes— y las normas vigentes en el país.
Demandan anular el DS 4469, “toda vez que la función pública no debe estar subordinada a la ideología política, pues ésta debe estar basada en la idoneidad y méritos profesionales, por lo que exigimos al Gobierno la institucionalización de los cargos y/o a través de concurso de méritos”, entre otros, según el pronunciamiento.
Afectados pueden interponer un amparo
“Cualquier ciudadano que vea afectados sus derechos, cuando se quiera aplicar este decreto, puede plantear un amparo constitucional, más allá de que un parlamentario interponga una acción de inconstitucionalidad abstracta”, manifestó el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.
Explicó que a un ciudadano “no le pueden obligar hacer lo que la ley no manda ni ordena”, debido a que la Constitución y la ley protegen a los ciudadanos en su derecho de ciudadanía.
“El ciudadano no está obligado a cumplir las normas que son contrarias a la CPE”, precisó.
En tanto, el diputado Alejandro Reyes adelantó que evalúa estas normas que violentan los derechos laborales de los ciudadanos, para presentar las acciones legales respectivas.