Un grupo de siete bancos presentó un recurso de revocatoria contra la Resolución ASFI/028/2021, de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), que establece un periodo de gracia de seis meses, sin el pago de intereses y capital para el refinanciamiento y/o reprogramación de créditos diferidos. Desde la entidad reguladora indicaron que no se pronunciarán al respecto por tratarse de un proceso legal.

En un documento al que tuvo acceso EL DEBER, se evidencia que los bancos de Crédito de Bolivia BCP, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Bisa, Ganadero, Económico y Fortaleza solicitaron a Reynaldo Yujra, director general interino de la ASFI, anular la Resolución ASFI/028/2021.

En el documento señalan que la resolución vulnera varios artículos y capítulos de la Ley de Servicios Financieros, que tiene relación con la gestión integral de riesgos, el riesgo crediticio, la liquidez (riesgo de pérdida por no contar con los fondos disponibles que aseguren la continuidad de sus operaciones, por efecto del extenso periodo de diferimiento, prórroga y gracia, que ocasiona la falta de disponibilidad de fondos-descalce de plazos).

Además, observan la evaluación del deudor (plazos extendidos no ajustados a la capacidad real de pago del deudor).

La normativa de la ASFI, emitida el 14 de enero de 2021, establece el tratamiento de refinanciamiento o reprogramación de créditos con seis meses de gracia sin pago de cuotas de interés ni capital, un periodo de prórroga hasta que se firme la adenda a simple requerimiento, acceso a nuevos créditos, y prohibición de cobro de intereses adicionales o incremento de la tasa de interés.

De acuerdo con los datos de la ASFI, el sistema financiero administra un monto de créditos superior a los $us 28.000 millones y los créditos diferidos en 2020 debido a la pandemia por Covid-19 representan un poco más del 10%.

En enero de este año, Yujra, en contacto con EL DEBER Streaming, indicó que el periodo de gracia de seis meses beneficiaría a los clientes que se acogieron al diferimiento en 2020.

Desahucian el recurso

Abogados expertos en Derecho Comercial Empresarial y economistas consideran que la demanda administrativa no va a prosperar debido a que el Gobierno hizo un compromiso con los sectores sociales.

Iver von Borries, experto en Derecho de Empresas, considera que a pesar del perjuicio que las medidas del Gobierno -en materia crediticia- vienen ocasionando a la banca privada, el recurso que se ha interpuesto no prosperará por el impacto social que la derogación de la norma impugnada conllevaría. “Hoy en día, el Gobierno ha marcado una pauta clara para aliviar las obligaciones crediticias de los deudores y cualquier alteración a dicha política, incrementará el descontento social”, afirmó.

Mientras el exsuperintendente tributario, Jorge Zogbi, precisa que los créditos diferidos en 2020 son un poco más del 10%, por lo que se infiere que el efecto negativo para el sistema financiero no es de un impacto que alarme.

Además, considera que en esta situación todos están asumiendo parte de la carga y la banca no debiera ser la excepción.

Los economistas advierten que se han tomado decisiones en contra del criterio técnico y el riesgo es que estas presiones políticas se intensifiquen en mayo o junio. El exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, sugiere pensar en medidas que permitan pagar los créditos atrasados para que no se afecte el flujo nuevos préstamos.

Para el economista Alejandro Arana aunque la demanda hecha por los bancos se ajusta completamente a la norma, no cree que prospere puesto que la decisión adoptada por el Gobierno responde a motivaciones de carácter políticas y no técnicas.

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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