Human Rights Watch afirmó que el Decreto Supremo 4461, emitido por el Gobierno de Luis Arce en febrero pasado, “abre la puerta a la impunidad para delitos graves” y “parece diseñado para favorecer a los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
La normativa fue aprobada el 12 de febrero para quienes se consideran “perseguidos” por el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, incluidos exfuncionarios.
“El decreto otorga una amnistía general a las personas procesadas durante el gobierno anterior por delitos relacionados con la «crisis política» que comenzó en octubre de 2019. Parece diseñado para favorecer a los partidarios del partido oficialista MAS”, señaló la institución internacional.
“Hay pruebas contundentes que indican que el gobierno anterior persiguió a partidarios del MAS en casos por motivos políticos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Pero otorgar una amnistía general a los partidarios del MAS sin criterios claros socava el acceso de las víctimas a la justicia y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley».
En cambio, los fiscales y jueces deben revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos infundados o desproporcionados, y en los casos en que hubo violaciones al debido proceso, aplicar los recursos previstos por la ley boliviana, dijo Human Rights Watch.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, aprobó el decreto el 12 de febrero. El presidente Luis Arce, del MAS, lo promulgó el 18 de febrero. Tras aprobar el decreto, el presidente del Senado, el líder del MAS Andrónico Rodríguez, dijo que se aplicará a sus “hermanos” y “colegas” que se opusieron al gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez, y que “han sido perjudicados sin motivo alguno”.
HRW señaló que la vaguedad del lenguaje del decreto permite una interpretación demasiado amplia de los delitos que pueden ser amnistiados o indultados. “Esto es particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto descansa en las oficinas del poder ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin una revisión judicial significativa”, dijo Human Rights Watch.
Esas oficinas solo tendrán tres días hábiles después de que una persona presente una petición para revisar el caso y tomar una decisión, un período de tiempo extremadamente corto para una revisión exhaustiva.
El decreto puede potencialmente resultar en una amnistía por incendio premeditado, secuestro, asesinato y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS, como documentó Human Rights Watch en un informe de septiembre de 2020.