Human Rights Watch (HRW), la misma organización que en septiembre de 2020 defendía a los partidarios del MAS y acusaba a Jeanine Áñez de abusar del sistema judicial para perseguir masistas; este viernes dijo que los cargos que hay contra la exmandataria y sus colaboradores no configuran el delito de terrorismo y cree que hay un móvil político detrás de este caso.
“Bolivia: Los órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’. Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, publicó en su cuenta personal de Twitter, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para América.
La Fiscalía libró mandamientos de aprehensión para Jeanine Áñez y cinco de sus excolaboradores; asimismo, existe la orden para capturar a seis altos jefes militares y un ex comandante de la Policía, en total 13 personas.
El director de la HRW consideró que estas órdenes contra Áñez y sus ministros invocan la ambigua figura de “terrorismo” que se presta a arbitrariedades y recordó que lo mismo pasó con Evo Morales cuando lo sindicaron de terrorismo. “En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo”, recordó Vivanco.
El director de la entidad que vela por los DDHH consideró que cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia, finaliza el texto de los tres mensajes.
El Gobierno boliviano insiste en que este caso es judicial e incluso dijo que no se juzgará a Áñez por delitos cometidos durante su mandato, sino cuando era senadora y presidió una sesión en la Cámara de Senadores para investirse como nueva Presidenta del Estado.
Según la acusación de la Fiscalía, los militares que deben ser llevados ante la justicia son: General de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara; Generales de División Aérea, Jorge Elmer Fernández Toranzo; Vicealmirante Palmiro Gonzalo Jarjury Rada; almirante Flavio Gustavo Arce San Martín; General de Ejército Jorge Mendieta Ferrufino; General de Ejército, Williams Kaliman Romero, que serían los seis militares. En esta nómina también figura el general de Policía, Yuri Calderón.
Entre los civiles acusados están, Jeanine Áñez Chávez, Arturo Murillo Prijic, Yerko Nuñez Negrete, Luis Fernando López Julio, Álvaro Guzmán Collao y Álvaro Coimbra Cornejo. Aunque la denuncia que presentó la exdiputada Lidya Patty contempla al excívico, Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, estos no figuran en la nómina de los acusados y el Ministerio Público solo pide la aprehensión de 13 personas.