Por primera vez en la historia de Bolivia, un mandatario es enviado a la cárcel. La envían a Obrajes y a los ministros Coimbra y Guzmán a San Pedro
La jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó detención preventiva de cuatro meses para la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes y para sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán lo mismo en San Pedro, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el lapso de cuatro meses.
La audiencia duró más de ocho horas. La jueza señaló que existen riesgos de fuga, que los procesados pueden interferir en el proceso, aunque señaló que sí tienen familia y trabajo.
El fiscal Harold Jarandilla señaló que los hechos de 2019 se iniciaron el 21 de octubre, día después de las elecciones generales, y se se agravó con la quema de edificios electorales. El 5 de noviembre se introdujo a La Paz el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho. En declaraciones brindadas a la Red Uno, dijo el fiscal que este afirmó que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la Policía y de los militares.
Luego, en Cochabamba, se produjo un amotinamiento en la UTOP. Partidarios de Camacho fueron a la Plaza Murillo y evitaron el ingreso de los parlamentarios a la Asamblea. Ese mismo día, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, en una conferencia de prensa, sugirió al expresidente Evo Morales que renuncie.
La comisión de fiscales sostuvo que la entonces senadora Áñez, «contra todo procedimiento legislativo, presionó en coordinación con Luis Fernando Camacho, y los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina por la renuncia de Morales». El fiscal manifestó que un día antes de que asuma la presidencia, hubo una reunión convocada por la Iglesia Católica, que buscaba supuestamente una salida pacífica, en la Universidad Católica Boliviana, de La Paz. Específicamente, en oficinas del rectorado.
La Fiscalía sostuvo que en esa reunión le solicitaron a la presidenta del Senado Adriana Salvatierra que presente su renuncia, para que Áñez asuma la presidencia. Si lo hacía, iban a permitir que el presidente Evo Morales pueda salir del país y que fue Jorge Quiroga quien «concretó la coacción contra Adriana Salvatierra, para que renuncie».
Para sustentarlo, la Fiscalía introdujo la declaración de la dirigente del MAS y exautoridad Teresa Morales, quien declaró que fue testigo presencial el 11 de noviembre de 2019, de la reunión en la UCB, porque acompañó a Salvatierra. Ella dijo que dentro de esta universidad Quiroga, Mesa y Doria Medina, le exigían a Salvatierra la renuncia de Evo a cambio de su salida del país y garantizar su derecho a la vida.
La Fiscalía señaló también que cuenta con la declaración de la hermana del diputado Víctor Borda, con la versión de que allegados de Jeanine Áñez, pidieron que renuncie a la presidencia de Diputados.
La exdiputada Lidia Patty, según la Fiscalía, acreditó que la Plaza Murillo estaba cercada por el señor Camacho y en coordinación con Jeanine Áñez les impidieron el ingreso a la Asamblea, para sesionar, y Áñez se autoproclamó sin el cuorum reglamentario.
La Fiscalía presentó el libro Golpe de Estado, la historia no contada de una conspiración, como prueba de que Jeanine Áñez formó parte del grupo de personas que obligó a renunciar a Evo Morales, a García Linera, Salvatierra y Borda, y se proclamó como presidenta. «Usaron presión, coacción, convulsión a la cabeza de Luis Fernando Camacho», dijo la Fiscalía.
A su turno, la defensa de Áñez y de los ministros presentó un fragmento del video del debate que tuvieron en la Red Unitel Luis Fernando Camacho y Mario Cronembold, durante la campaña para las subnacionales. Camacho dijo que durante los 21 días en los que se movilizó Santa Cruz, Jeanine Áñez estaba haciendo masaco en su casa de Trinidad. «No participó, la llamamos luego, solo para que sea presidenta», dijo.
Audiencia histórica
El abogado de Áñez, Alaín de Canedo, señaló que «cada persona puede tener su posición en el asunto, lo que observamos de forma fehaciente es que el Ministerio Público tiene una tesis parcializada, y no se tiene visión completa».
Mencionó que la indagación olvidó el 21-F y reclamó que debió empezar a contar la historia a partir de ahí. «Luego vino el fraude que fue confirmado por la OEA. La Fiscalía olvidó que se produjeron fallecimientos en Montero, destrozos en la zona sur de La Paz. El 10 de noviembre renunció Evo Morales, Álvaro García, pero también la presidenta Salvatierra y Borda.
El 11 de noviembre se instaló una comisión de facilitadores, «gente representativa de los partidos, pero también estuvieron presentes, la Iglesia Católica a través del monseñor Eugenio Scarpellini, el embajador de la Unión Europea, Naciones Unidas, se procuró una conciliación y paz entre bolivianos».
Dijo que la imputación entra en una tesis y no en hechos concretos. «Señala que Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma amañada y que se autoproclamó presidenta del Senado en la Asamblea y luego como presidenta. «Se basa en el no cumplimiento de los procedimientos. No es una investigación objetiva».
Mencionó que el Ministerio Público no analizó el comunicado del TCP de 12 de noviembre de 2019, que señala que la Sala Plena, conforme a sus atribuciones previstas por la CPE, consideró la grave situación política y social que atravesaba nuestro país, y que por las renuncias del presidente, vicepresidente como presidencias de senadores y diputados, la señora Jeanine Áñez asumió el cargo.
En la reunión realizada en la UCB, «se manejaban muchos nombres, personalidades para asumir la presidencia. Esta comisión de facilitadores llegan a la conclusión racional de que ésta debía seguir un procedimiento constitucional».
Mencionó que el reglamento de Diputados, en el artículo 41 señala como atribuciones de la segunda vicepresidencia reemplazar al presidente o presidenta o primer vicepresidente en caso que estuvieran ausentes por cualquier motivo. Esa norma indica que asume la presidencia del Senado, y por lo tanto, con el comunicado, asume la presidencia del Estado.
Hubo una sucesión constitucional por esa norma de Diputados. La presidenta Áñez, dijo su defensor, «pacificó este país. Lo vivimos hasta el presente. Si hubiera sido de facto, no se hubiera aprobado la ley 1266 de 24 de noviembre de 2019 que dejaron sin efecto las elecciones del 20 de octubre, porque hubo una coordinación con la Asamblea Legislativa con dos tercios del MAS.
Se aprobó también la ley 1270, de 20 de enero de 2020, dos meses después, De Canedo señaló que ambas fueron aprobadas por Lidia Patty. En esa norma se prorroga el mandato constitucional. «Esta ley tuvo un trámite muy interesante, tuvo una consulta al TCP, y esta instancia emitió una declaración Constitucional de 15 de enero de 2020, tiene 70 páginas, el numeral 6.3.1, dice que ante el vacío de poder generado urge al TCP velar por la garantía y los derechos de los ciudadanos, por lo que corresponde «que el mandato constitucional de la presidenta y de los asambleístas, continúe».
De esta forma, dijo la defensa, «no hay un presidente de Estado que haya tenido mayor reforzamiento constitucional para que asuma la presidencia de Bolivia como la gestión de Jeanine Áñez. Es una audiencia histórica porque hablamos de una expresidenta y de dos exministros de Estado. No tendría que darse curso», protestó.
Por: El Deber