El gobierno socialista de Bolivia arrestó el sábado a la expresidenta interina Jeanine Añez por su participación en un presunto golpe de estado de 2019, lo que reavivó las tensiones políticas después de violentas protestas hace menos de dos años.
La medida marca una escalada de hostilidades entre la actual administración de izquierda y opositores políticos más conservadores, a quienes acusan de derrocar al líder Evo Morales.
«La persecución política ha comenzado», sostuvo Añez en su cuenta oficial de Twitter previo a su arresto al amanecer. «El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura», agregó.
El gobierno socialista de Bolivia, que regresó al poder en octubre del año pasado, busca el arresto de una serie de exfuncionarios de la administración de Añez, así como de exlíderes policiales y militares que, según alegan, fomentaron un golpe.
Añez asumió el poder a fines de 2019 después de que Morales renunciara en medio de protestas violentas contra su Gobierno por acusaciones de que había robado una elección cuando se postulaba para un cuarto mandato sin precedentes e inconstitucional.
Morales y sus partidarios han afirmado durante mucho tiempo que fue víctima de un golpe de Estado respaldado, supuestamente, por militares y gobiernos extranjeros. El partido socialista MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre con el presidente Luis Arce a la cabeza.
Los arrestos provocaron una rápida condena del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que las órdenes de arresto no contenían pruebas que respaldaran una denuncia de «terrorismo».
«Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos», sostuvo en su cuenta de Twitter.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el sábado que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Añez «por el caso de un golpe de Estado en nuestro país».
Agregó que la investigación contra Añez y sus ministros comenzó en diciembre y seguiría el debido proceso. Confirmó también la detención de los exministros Álvaro Coimbra de Justicia y de Energía Rodrigo Guzmán.
«Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020», explicó el ministro. «Este Gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país».
El viernes por la noche, Añez compartió un enlace con la orden de arresto en las redes sociales, que incluía su nombre y el de otros miembros de su antiguo gabinete y dijo que contenía acusaciones de terrorismo y sedición en su contra.
Morales ganó las elecciones de 2019, pero luego fue anulada después de que organizaciones internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), alegaran que era fraudulenta.
Añez rechazó la afirmación de que ayudó a orquestar un golpe.
«No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral», sostuvo la exmandataria en Twitter.
Su administración de transición de 11 meses llevó a Bolivia en una dirección muy diferente a la de Morales y ella misma detuvo a algunos de los miembros del gobierno de Morales.
Arce, el exministro de Economía de Morales, ganó la presidencia en una elección aplastante, lo que le permitió a Morales regresar del exilio.
El expresidente no ha comentado sobre la detención de Añez ni de sus exministros.
Los fiscales bolivianos también buscan arrestar a dos excomandantes acusados por el actual Gobierno de estar involucrados en el supuesto golpe de estado contra Morales. Los militares habían instado a Morales a renunciar durante las protestas de 2019.
Un fiscal emitió órdenes de arresto el jueves contra el exjefe de policía Yuri Calderón y el ex comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.