Un total de 52 instituciones ligadas a las actividades académicas, fundaciones y organismos no gubernamentales se pronunciaron respecto a las declaraciones del ejecutivo del INE en sentido de que el Censo Nacional de Población y Vivienda no se realizaría el 2022 y se postergaría hasta el 2024. A tiempo de rechazar de plano esa posibilidad, consideran que dejar el censo sin efecto en el tiempo previsto de antemano, sería también postergar la planificación y el desarrollo del país.
«Un censo permite conocer cuántas personas habitamos en Bolivia, cómo vivimos, dónde estamos y qué necesitamos. La información de esa fotografía social y demográfica, que debe ser levantada cada 10 años, es una guía para definir políticas públicas para el país; por tanto, postergar el censo es postergar la planificación del desarrollo», reza una publicación conjunta, según nota de la agencia Erbol.
Observan que el resultado del censo será la base fundamental para ajustar políticas de salud y educación, tan urgentes en el contexto de las secuelas por la pandemia del coronavirus. Además, permitirá establecer políticas de vivienda y atender las demandas de familias migrantes, cada vez más concentradas en las ciudades.
“Las instituciones y representantes de la sociedad civil boliviana que firmamos este pronunciamiento demandamos que no se postergue el censo, más ahora que estamos en un escenario nacional que exige respuestas urgentes y oportunas con políticas de salud, educación, empleo, vivienda, medioambiente, justa redistribución de los recursos públicos y correcta distribución de representación democrática”, se lee en el pronunciamiento.
En este sentido, consideran que el censo de población «dejará claro dónde debe intensificarse el saneamiento básico, el acceso al agua y otras necesidades para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, tanto en comunidades como en áreas urbanas».
Asimismo, el censo generará información sobre la situación del empleo, formal e informal, dará luces sobre dónde se encuentra la población más vulnerable, los pobres, ancianos, niños o personas con discapacidad; así como temas de género y de los pueblos y territorios indígena-originario-campesinos.
En general, proporcionará datos orientadores para focalizar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno y contribuirá a optimizar la inversión y la prioridad de las políticas de cuidado en el país.
En lo político institucional, contribuirá a definir la distribución de los escaños parlamentarios, principalmente en la Cámara de Diputados. Más aún, permitirá ajustar el padrón electoral en un marco de total transparencia y antes de los comicios de 2025.