Luego de conocerse el informe de la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a los sucesos de octubre y noviembre de 2019, la red Unitas defiende la sucesión constitucional de Jeanine Áñez y advierte que ese documento tiene una “mirada sesgada de cómo se interpreta un golpe de Estado” y carece de información completa.
Esa posición fue expresada por Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS, una red de desarrollo y derechos humanos conformada por 20 entidades asociadas con presencia en áreas rurales y urbanas de Bolivia. Eróstegui advirtió que este informe llega a obviar una serie de aspectos que no están en la línea del informe que emitió esta red en 2020, en la que plantea, con una base jurídica sólida, que en 2019 hubo una sucesión constitucional de Áñez a la Presidencia, debido a un vacío de poder por las renuncias de altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo.
“Es un informe que nos muestra bastantes elementos de interés de la propia alto comisionado y lo que vemos, en lugar de estar respondiendo a esos temas de interés por la solicitud que hacen esas relatorías, se vuelve a caer en una narrativa de justificación política de una crisis política que tuvo repercusiones lamentables para toda la sociedad, por ejemplo esta cuestión del debido proceso ,la propia actuación policial, las formas en las que se plantea un análisis de ciertos hechos de violencia y no se pone toda la información completa. En realidad, hay una respuesta no precisa al requerimiento del Alto Comisionado”, sostuvo.
Eróstegui lamentó que en este informe no se dé una información a cabalidad, debido a que se interpreta un golpe de Estado, cuando en realidad hubo una sucesión constitucional después de las renuncias de autoridades, que fueron escuchadas por todos los bolivianos, que generaron un vacío de poder.
En su criterio, hay dos bases para la crisis política que se desató en el país. La primera, el incumplimiento del resultado vinculante del referéndum de febrero de 2016, cuando se dijo No a la relección indefinida de Evo Morales a la Presidencia, y la falta de independencia de los órganos del Estado.
“Ante un vacío constitucional corresponde la sucesión que se ha dado en nuestro país, no de una manera subjetiva, sino basados en criterios jurídicos normativos que respaldan esa posición, y ahora nos sorprende que desde una entidad tan importante en la estructura estatal (la PGE) se esté planteando un informe que está obviando todo esta cuestión que para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es fundamental para no caer en una parcialización o una visión subjetiva de nuestro país”, declaró.
En ese sentido, señaló que el informe de la PGE no responde a la solicitud del Alto Comisionado e indicó que lo que corresponde es que los bolivianos, a nivel interno, vayan cerrando esa intención aparente de seguir confrontando y polarizando al país.
Eróstegui también indicó que hay mecanismos para que la sociedad civil haga conocer su posición ante las Naciones Unidas, aunque advirtió que sus argumentos, lejos de acusar, deben estar muy bien argumentados y sustentados jurídicamente. En este campo, señaló que la Defensoría del Pueblo es la institución llamada a presentar ese informe que de por sí “contraste” con ese informe, debido a que se supone que tiene capacidad de elaborar un informe independiente de los hechos.
“Sin embargo, como la propia Defensoría del Pueblo no ha tenido esta actuación imparcial y también, a nivel nacional, las otras instituciones de derechos humanos no están libres de este vínculo partidario, ello afecta, con seguridad, a la posibilidad de llegar a la verdad”, agregó.
De manera general, lamentó que el país esté inmerso en este debate, cuando hay necesidades “urgentes” por las que se debe trabajar, como la lucha contra el coronavirus y el fortalecimiento del sistema de salud, enfrentar la crisis económica y la ayuda a familias humildes golpeadas por la pandemia, entre otras.