La vigencia de la sentencia constitucional 0012/2021 que deja sin efecto los juicios en rebeldía, género contradicciones entre las autoridades del ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Al respecto, la exdiputada Norma Piérola, denunció que el Gobierno está presionando a esa instancia de control constitucional para cambiar el contenido de la resolución.
La exlegisladora afirmó que estas acciones sólo agrava la crisis y la falta de independencia por la que atraviesa el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sólo pretenden favorecer al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
«Esta es una muestra que el Gobierno está presionando a los magistrados del TCP para cambiar el fallo sobre los juicios en rebeldía, esto es preocupante porque hay una manipulación política sobre una sentencia que fue aprobada por seis de la totalidad de los magistrados», precisó la exlegisladora.
En diciembre de 2019, Piérola presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en la que solicitó declarar la inconstitucionalidad de los artículos «91 Bis y y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004, de acuerdo a la interpretación constitucional efectuada en esa sentencia.
El 25 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el TCP declaró la inconstitucionalidad del «juicio en rebeldía» o en «ausencia» del acusado, además en esa oportunidad afirmó que los casos en los que se se dictó sentencia en ausencia de los procesados deberán ir en «revisión extraordinaria» al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, el 13 de abril, el viceministro de Justicia César Siles, refutó esas declaraciones y aseguró que la sentencia constitucional no ha sido resuelta. Incluso el TCP decidió recomponer la sala y designar un nuevo relator para que se emita una resolución.
«El TCP nos ha comunicado que se va a recomponer la comisión y se va a reasignar un nuevo relator, por lo tanto hasta la fecha no se tiene ninguna sentencia constitucional», dijo en esa ocasión a los medios de comunicación.
En ese contexto, el 8 de mayo, el presidente del TCP, Paul Franco, afirmó que no existe ninguna sentencia y desmintió al ministro de Justicia y dijo que seguía en trámite.
«En absoluto, no existe nada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubiera determinado algo con relación a los temas relativos a juicios en rebeldía. Esa causa sigue en trámite en el TCP, en tanto y en cuanto no se produzca una notificación todas las causas siguen en trámite», respondió a los medios de comunicación en Sucre.
Empero, la sentencia constitucional plurinacional 0012/2021 fue emitida el 11 de marzo y está firmada por seis de los nueves magistrados del TCP: Paul Enrique Franco Zamora (presidente), Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navía, Georgina Amusquivar Moller, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Petronilo Flores Condori.
Los magistrados Carlos Alberto Calderón Medrano y Brígida Celia Vargas Barañado expresaron su disidencia. En tanto, la magistrada Karem Lorena Gallardo Sejas se excusó, refleja el portal de Rimay Pampa.
La exlegisladora advirtió con asumir medidas legales contra los magistrados del TCP por las irregularidades en la emisión del fallo. Recordó que en la Asamblea Legislativa existen más de una decena de procesos para iniciar un juicio de responsabilidades contra los aludidos.