Por lo menos una docena de juicios se han activado a la fecha contra exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el último proceso abierto por la Fiscalía es contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo por la presunta desaparición de 400 kilos de cocaína incautada.
Los procesos que se abrieron contra las exautoridades son por denuncias de particulares, por funcionarios gubernamentales o por el Ministerio Público, de oficio.
Las denuncias van desde los presuntos delitos de genocidio, incumplimiento de deberes y corrupción, hasta por la retención de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, la ampliación de la concesión de Fundempresa y el atentado a la libertad de expresión. Estas tres fueron presentadas por el Ministerio de Justicia contra Áñez.
Este último caso se activó por un faltante de droga que se incautó en diciembre de 2019, en la salida de Tambo Quemado, en un cargamento de madera que tenía como destino Bélgica.
Según datos, el 8 de enero de 2020 se realizó el pesaje de la cocaína, oportunidad en la que se informó de la existencia de una tonelada con 435 kilos de droga. El 15 de enero se procedió con la incineración, pero según la valoración del representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) faltaban 400 kilos, en relación a lo registrado inicialmente.
“Ante esta situación, el Ministerio Público inició de oficio las investigaciones y se tienen identificados los nombres de las personas por la presunta participación en el delito de alteración o sustitución del cuerpo del delito y se convocará paulatinamente a otras para que presten su declaración informativa”, informó, en Sucre, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Moisés Palma Salazar.
Este sería el quinto proceso abierto contra Murillo: el caso golpe de Estado, la compra con presunto sobreprecio de equipos antimotines, las muertes de Senkata y Sacaba, por robo y por la desaparición de la libreta militar de Evo Morales.
Otras demandas en investigación
El Gobierno del MAS interpuso varias demandas, que están en investigación, por presunta corrupción en empresas y entidades públicas. Está el caso del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Del exdirector de Migración Marcel Rivas, por utilizar esta institución del Estado para hacer persecución política.
Del exgerente de Entel Eddy Luis Franco por presunto desvío de 390 mil dólares y el ahora alcalde de La Paz, Iván Arias, tiene acusaciones por clonación de placas en la DGAC y el nombramiento irregular cuando era ministro de Obras Públicas.
El tema “masacres” se activa desde tres frentes
El Ministerio de Justicia prepara un quinto juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por las denominadas “masacres” de Sacaba y Senkata.
Para activar este caso, el despacho de Justicia espera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero de darse “contradicciones” se obviaría el informe que emita si éste también es “arbitrario” y no se adecúa a la normativa boliviana, bajo la que se investigan los hechos de 2019.
“Si el informe es arbitrario y no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano no debe ser seguido solamente porque viene del extranjero”, manifestó en su oportunidad el ministro Iván Lima.
En abril pasado, la Fiscalía General del Estado informó que los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) retiraron la proposición acusatoria que presentaron contra Áñez por los casos Sacaba y Senkata, debido a observaciones que no fueron subsanadas.
Por los enfrentamientos y muertes en Senkata y Huayllani militares y policías están con detención preventiva.
El 29 de octubre de 2020, el Legislativo aprobó un informe que recomienda iniciar un juicio contra la presidenta saliente, en ese momento, y varios ministros por genocidio, incumplimiento de deberes y otros supuestos delitos cometidos cuando asumió el poder.