Una iniciativa promovida desde el oficialismo para endurecer las sanciones por “amotinamientos” quedó prácticamente descartada. La investigación sobre los sucesos de 2019 se retomó esta semana

El Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en reversa el plan para endurecer las sanciones a policías involucrados en amotinamientos como el que se produjo en 2019, mientras aún se evalúa la lista de ascensos a general en esa institución. El Gobierno quiere un alto mando de confianza.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció ayer que la “iniciativa”, presentada desde el oficialismo para ajustar la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, “por el momento no es ninguna prioridad”.

El diputado Anyelo Céspedes (MAS) anunció la pasada semana una propuesta normativa para incluir la figura del motín en la lista de faltas graves que pueda cometer un efectivo de la Policía, así como el endurecimiento de las sanciones para estos casos.

Entonces, el legislador explicó que esta propuesta no podría generar “susceptibilidades” en filas de la institución verde olivo y anticipó que la intención era ajustar el artículo 14 de la Ley 101, donde si bien ya está inscrito el “el amotinamiento, huelga o interrupción de servicio”, no se incorporaron criterios relativos a la posibilidad de que esas protestas “interrumpan el gobierno legalmente y democráticamente constituido”.

Según Céspedes, la propuesta gozaba de respaldo en su partido, aunque debía vencer las etapas del tratamiento en el Legislativo.

Pero ayer, tras una semana de haberse iniciado del trámite legal para tratar las modificaciones a la Ley 101, Mamani afirmó que el anteproyecto era “una iniciativa” como la de cualquier legislador.

No existe actualmente ninguna posibilidad de poder tratar un proyecto de ley que pueda estar direccionado a sancionar a los hermanos y hermanas policías en nuestro Estado plurinacional de Bolivia”, remarcó Mamani, quien convocó a una rueda de prensa para referirse a este caso.

Mamani anunció que las sanciones deben estar enmarcadas en la normativa propia de la Policía, así como de la Constitución.

Céspedes había iniciado el trámite tras la destitución de Víctor Hugo Soria como presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, quien tenía la responsabilidad de juzgar a sus camaradas en el marco de la Ley 101, por el motín que estalló cuando había una protesta nacional por las irregularidades detectadas en la elección nacional de 2019. 

Esa crisis política, agravada con la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, derivó en un proceso de transición que terminó con la elección de Luis Arce a la Presidencia, pero con un Tribunal Electoral totalmente distinto al que administró los comicios nacionales de octubre de 2019.

Hace cinco días, también fue removido de su cargo el fiscal departamental Policial de La Paz, Justiniano Álvarez, quien estaba procesando denuncias contra 10 de sus colegas. Ya contaba con cuatro imputaciones formales contra dos uniformados, un suboficial y el coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que estuvo cerca a la gestión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, actualmente requerido por la Justicia.

De hecho, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, fue quien ordenó ambos cambios porque, según dijo, existen denuncias sobre este caso. “No pueden ser juez y parte”, en estas investigaciones, afirmó. Luego, precisó que ambos oficiales relevados de las pesquisas fueron asignados a otras tareas.

Soria, junto con Aguilera, están en una lista de los 49 coroneles que pueden ser ascendidos, aunque el Senado aún no evalúo los antecedentes de los uniformados. Según la normativa policial, se prevé el ascenso de 16 generales.

“Nosotros estamos esperando en el caso particular de los policías. Inmediatamente nos llega, lo vamos a poner en marcha”, declaró ayer el senador Leonardo Loza, quien es parte de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, que debe analizar la propuesta que sea remitida por el presidente Luis Arce.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló en abril que los ascensos a generales en la Policía no iban a proceder hasta tanto no exista el resultado de una investigación sobre 2019. Esto obligó a reconfigurar las listas.

Venimos de un golpe de Estado y necesariamente debemos investigar a todos y cada uno de los policías para que los mejores hombres y las mejores mujeres dentro de la institución policial puedan acceder a los mejores cargos”, afirmó la autoridad.

En una lista inicial que la Policía propuso al Ejecutivo, pero que ya fue descartada para los respectivos ascensos a general, figuraba el nombre del coronel Víctor Hugo Soria, recientemente destituido del Tribunal Disciplinario Superior, así como el coronel Iván Rojas, quien salió de la nómina de postulantes porque fue juzgado por deserción, pues abandonó las filas tras ser acusado en grado de complicidad por la destrucción de la libreta militar del expresidente Evo Morales, cuando se preparaban las inscripciones para candidatos en la elección nacional de octubre de 2020.

Aguilera, por su lado, egresó en 1989 de la Academia Nacional de Policía y, con más de 30 años de servicio, está en el grupo de oficiales que se jubilarán, a menos que sean ascendidos al grado de general, según comentó un oficial de esa promoción en contacto con el diario EL DEBER. “Los ascensos están demorados, muchos coroneles queremos que está orden se emita pronto para que podamos jubilarnos con la satisfacción del deber cumplido. La investigación disciplinaria ha demorado y está causando tensiones, incluso para el coronel Aguilera”, afirmó.

Señaló que al interior de su institución se está haciendo una nueva calificación, pero “hubo mucha susceptibilidad cuando se anunciaron los cambios en la Ley 101”, complementó.

En este escenario, Aguilera presentó una denuncia contra su camarada Jorge Campos, exdirector de la Interpol, quien lo mencionó en un informe sobre una supuesta participación en un caso de narcotráfico que protagonizó Jesús Einar Lima Lobo, que fue requerido por la justicia de Brasil.

“Ese informe no existe; se lo ha fraguado, provocando un perjuicio en este innoble momento de ascensos a los generales y genera competencia desleal”, afirmó el comandante de la Policía.

Investigación

Entretanto, el Comando General de la Policía retomó las pesquisas sobre la crisis de 2019. En el caso de La Paz ya existe una instrucción para que se remitan las listas de los uniformados que estuvieron de servicio entre el 6 y 13 de noviembre de 2019.

El instructivo, divulgado ayer pero con fecha 13 de mayo, es específico pues pide detalles de las actividades policiales cuando estuvo en La Paz Luis Fernando Camacho. Ese 6 de noviembre, el exlíder cívico pidió la renuncia de Morales. El requerimiento también espera información precisa sobre el estallido del motín y las acciones que presuntamente impidieron que la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra llegue a la sede de la Asamblea Legislativa.

La legisladora debía asumir la Presidencia del país por sucesión constitucional, pero renunció públicamente.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) señalaron ayer que existe un plan para “borrar las responsabilidades de Evo Morales, que dejó el país sumido en un vacío de poder”. El jefe de bancada de esa alianza, el diputado Carlos Alarcón, afirmó que como respuesta a la intención del MAS para endurecer la normativa disciplinaria de la Policía se planteara un proyecto de ley que buscará sancionar a los gobernantes que intenten desconocer la voluntad del elector, como pasó con los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2021.

El proyecto presentado tiene seis artículos entre los que se destaca la pérdida de legalidad y legitimidad en contra de las personas que vulneren los principios democráticos del país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, minimizó el alcance de la iniciativa. El MAS, aunque no tiene dos tercios, controla la decisión en la Asamblea Legislativa.

Por Taxi Noticias

Diseñador y Administrador de Noticias en la Web

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