Enfrentamientos de policías y militares con sectores de MAS en noviembre de 2019. | Carlos López
El exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, detenido en Miami, Estados Unidos, por conspiración financiera y lavado de dinero, enfrenta en el país por lo menos una docena de procesos penales, por los que podría tener como máximo una pena de 30 años de privación de libertad.
El ex hombre fuerte y polémico del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez se ha convertido en el más denunciado y solicitado en las diferentes instancias del sistema de administración de justicia del país.
La imagen que mantuvo durante el gobierno transitorio y luego de su salida del país, presuntamente para no ser víctima de la persecución del actual Gobierno, se desmoronó totalmente tras su “sorpresiva” detención en Estados Unidos (EEUU).
Entre el 20 y 21 de mayo, la justicia estadounidense llevó adelante una serie de operativos para dar con un grupo de personas, entre bolivianos y ciudadanos de EEUU, identificado por la comisión de delitos financieros en esa nación, bajo las figuras de soborno y lavado de dinero, en la adquisición de equipos de armamento no letal mediante la empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Entre las personas detenidas se encuentran el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Rodrigo Méndez, involucrados en las transacciones dudosas en el sistema financiero del país del norte. Murillo guarda reclusión en un penal de La Florida,
Miami, en espera de su audiencia, prevista para este 7 de junio; se prevé que podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel.
La acción de la Federal Bureau of Investigation (FBI) sacó a luz todos los procesos seguidos contra el exministro y activó otros nuevos.
Caso Huayllani
Este proceso se ventila en el Juzgado de Instrucción Cautelar Nº 1 de Sacaba, Cochabamba, y que tiene como imputados a los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, además de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana y de la Policía, Rodolfo Montero.
Los delitos por los que son imputados son: asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019. Por estos hechos podría recibir una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Tres de las cuatro autoridades mencionadas se encuentran prófugas: Murillo, López y Orellana. En tanto, Montero se encuentra con detención domiciliaria, medida que se le otorgó en sustitución de la detención preventiva previo el pago de una fianza de 200 mil bolivianos, arraigo, prohibición de comunicarse con testigos del caso y presentarse cada semana en la Fiscalía.
El exjefe del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba Alfredo Cuéllar también se encuentra con detención domiciliaria, con dos custodios y sin derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 250 mil bolivianos, y arraigo nacional.
El pasado 26 de febrero, el excomandante de la Policía Departamental de Cochabamba Jaime Zurita logró que se le permita defenderse en libertad, pero se dispuso su arraigo y una fianza de 200 mil bolivianos. Además, le prohibieron acercarse a unidades policiales y testigos en el caso.
Gases lacrimógenos
El 8 de junio de 2020, el entonces fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que fue admitida la denuncia contra los ministros de Defensa, Fernando López, y de Gobierno, Arturo Murillo, en funciones en ese momento, por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
Sin embargo, este proceso no tuvo avances significativos, pese a que, el 26 de octubre de 2020, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie las acciones penales contra los entonces ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de
Defensa, Fernando López; el titular de Economía y Finanzas, Oscar Ortiz, y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de investigación”.
Este proceso, se activó tras el destape del caso en EEUU. Se procedió a la aprehensión de cinco personas allegadas a Murillo, además de funcionarios del Ministerio de Defensa.
Daniel Aliss, cuñado, y Daniel Bellot, exedecán, de Murillo fueron enviados a la cárcel. Asimismo, Mireya Murillo, hermana del exministro, se encuentra con detención preventiva.
También están detenidos el exasesor jurídico Raúl López Gonzáles y el exdirector de Logística Pedro Miguel Rea.
El caso es llevado adelante por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una pena de entre cinco a 10 años de cárcel.
Extradición de Lima Lobo
El Ministerio de Gobierno planteó en mayo pasado una denuncia penal contra Murillo y el excomandante de la Policía Rodolfo Montero, por frenar la excarcelación y extradición del considerado “pez gordo del narcotráfico”, Jesús Einar Lima Lobo, requerida por Brasil en 2017.
Los delitos son uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.
Horcones de droga
El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de siete personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por los presuntos delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.
El 26 de diciembre de 2019, en Tambo Quemado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó un cargamento de madera con 60 horcones. Se incautó casi una tonelada y media, pero en el pesaje se comprobó que no era así, por lo que se investiga la falta de más de 400 kilos de cocaína.
CONDENA CONTRA MURILLO DE DOS AÑOS
Después de dos años y cinco meses de que se presentó el recurso de casación, el 4 de marzo pasado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que Arturo Murillo utilizó una libreta de servicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos (diputado y ministro de Gobierno) y ratificó la condena de dos años de prisión dictada contra la exautoridad por el delito de uso de instrumento falsificado.
En octubre de 2018, Murillo impugnó la sentencia condenatoria de dos años de prisión dictada en su contra por el Tribunal de Sentencia Quinto de La Paz en junio de 2018 y confirmada por la Sala Penal Cuarta en agosto de ese mismo año.
La denuncia fue presentada por el Ministerio Público y del Ministerio de Defensa, en ese entonces del gabinete de Evo Morales.
EL DIRECTOR DEL SEGIP SE QUERELLA CONTRA MURILLO=
REDACCIÓN CENTRAL
El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz y líder del bloque “Azules del Oriente” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alpacino Mojica Gutiérrez, presentó una denuncia penal contra al menos 10 exautoridades entre las que están incluidas Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Tomás Monasterio, por los presuntos delitos de tortura, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves y otros.
“(La denuncia) es sobre todo por el abuso de poder, tortura, persecución política, también por el abuso de autoridad que hubo en ese momento y los daños psicológicos, las lesiones leves, graves que hubo en la tortura que sufrí en
Palmasola; además, por la muerte de mi madre”, refiere Mojica a la ANF.
La denuncia es en contra de los “fiscales de materia Adán Arteaga, Víctor Hugo Justiniano y José Carlos Viera Añez”. También en contra de Miguel Ángel Mercado, excomandante departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; Mirael
Salguero Palma, exdiputado; Tomás Monasterios; el exministro de Gobierno Arturo Murillo; la expresidenta Jeanine Áñez; el exfiscal de materia Walter Suárez, y Jhonny Pérez.
Además de otros autores, instigadores, cómplices y encubridores.
OTROS PROCESOS CONTRA MURILLO
Entre otros procesos abiertos en contra del exministro Arturo Murillo están: por el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por el caso bebé Samanta y otro activado por el comandante de la Policía Jhonny Aguilera, estos dos últimos, por difamación.
Se ha pedido que se lo incluya en la investigación del caso respiradores españoles.
CASO GOLPE DE ESTADO
Este proceso que lleva adelante el MAS a través de la exdiputada Lidia Paty contra la expresidenta Jeanine Áñez por los presuntos delitos de sedición y terrorismo, entre otros. También se amplió la investigación al exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Por este caso se encuentran privados de libertad, con detención preventiva, la expresidenta Áñez y los exministros de Justicia y de Energía, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
También están detenidos los excomandantes del Ejército Pastor Mendieta y de la Armada Flavio Gustavo Arce y el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón Mariscal, por haber sugerido el 10 de noviembre de 2019, la renuncia de Evo Morales.
Además, hay dos excomandantes de las Fuerzas Armadas que son buscados para su aprehensión, dentro de este caso, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
CASO SENKATA (EL ALTO)
En febrero, la Fiscalía informó que el general del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde era el primer imputado por el caso de las muertes registradas en Senkata durante el conflicto poselectoral de 2019. Asimismo, se dijo que los exministros Luis Fernando López y Arturo Murillo ya estaban como investigados en este proceso.
Valverde cumplía funciones como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del Ministerio de Hidrocarburos, quien presumiblemente estaba al tanto del operativo militar y policial para el traslado de combustible y gas licuado de petróleo desde la planta de Senkata hasta el regimiento Ingavi de El Alto.
En ese marco, los exministros están sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber firmado el decreto que establece el plan del operativo combinado en El Alto.