En la Asamblea hay una veintena de pedidos de juicios de responsabilidades que esperan su trámite
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió a la Asamblea Plurinacional los pliegos acusatorios para enjuiciar a la expresidenta, Jeanine Áñez, confirmó el Ministerio de Justicia a través de una publicación en la cuenta institucional, @MinJusticiaBol.
“La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (…) dispone remitir el requerimiento acusatorio formulado por el Fiscal General del Estado de Bolivia contra Jeanine Áñez Chávez en su calidad de expresidenta y otros a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ejerza la acción constitucional”, señala el Auto Supremo 58/2021 fechado el 9 de junio.
El 15 de marzo el Ministerio de Justicia presentó ante la Fiscalía General del Estado cuatro pliegos acusatorios en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, para iniciar juicios de responsabilidades en su contra. El 28 de mayo, la Fiscalía pidió formalmente el juicio de privilegio al TSJ en contra de la exmandataria y dos semanas después el TSJ manda ese pedido a la Asamblea donde se debe autorizar o no este juicio.
Los delitos identificados por la Fiscalía son: uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica.
Los tres casos
El pedido de tres juicios contra Áñez se refiere a la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no habría tenido la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El segundo caso se refiere al decreto 4200 por vulnerar la libertad de expresión durante la pandemia del Covid–19. El inciso II del artículo 13 de ese decreto penalizaba a los que desinformen sobre la pandemia.
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señala ese punto.
El tercer juicio admitido está relacionado con la concesión del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, se trata del decreto 4356, de octubre de 2020 que también lleva la firma de la expresidenta y de su gabinete. Esta norma fue abrogada con otro decreto el 4407 del gobierno de Luis Arce.
Procedimiento
El procedimiento constitucional indica que la Fiscalía General del Estado solicita el enjuiciamiento de las altas autoridades al TSJ; este ente convoca a su Sala Plena para consultar la petición del Ministerio Público, aprobada la solicitud, como ocurrió ahora, los magistrados deben pedir permiso a la Asamblea para llevar adelante el juicio de privilegio.
La Asamblea debe convocar a plenaria de diputados y senadores que en sesión conjunta deben aprobar el juicio por dos tercios de los miembros presentes. Si la Asamblea aprueba el juicio, el expediente vuelve a Sucre y se inicia el proceso. Si la Asamblea no logra los dos tercios que requiere, el caso se archiva.
En la Asamblea hay una veintena de pedidos de juicios de responsabilidades que esperan su trámite.