Aunque en los últimos días surgieron nuevas denuncias de avasallamientos de predios privados y asentamientos en áreas protegidas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que las autorizaciones se encuentran paralizadas desde la gestión 2019.
Según el director regional del INRA en Santa Cruz, César Córdova, en este departamento se dotaron más de 1,7 millones de hectáreas de tierras fiscales entre 2008 y 2019. Posteriormente, en 2020, a raíz de los incendios en la Chiquitanía, la dotación quedó suspendida.
Sin embargo, Córdova explicó que actualmente hay procesos de dotación de tierras fiscales que se encuentran en evaluación, por lo que el INRA realiza una revisión exhaustiva. Agregó que las personas que instan a hacer vigilias en tierras supuestamente fiscales deberán responder conforme a ley.
El pasado martes, el presidente en ejercicio del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, cuestionó la labor del INRA al autorizar asentamientos humanos supuestamente irregulares.
Informó que la invasión de predios se da en municipios como San José, San Ignacio, San Miguel, Concepción, San Javier y en las reservas forestales y áreas protegidas Bajo Paraguá, Noel Kempkk, Guarayos y El Choré.
“Nosotros censuramos y lamentamos que los organismos del Estado llamados a imponer el orden no cumplan con su trabajo”, dijo.
