El 70 por ciento de las empresas mineras en el departamento de Cochabamba tiene problemas de avasallamiento de sus concesiones por comunarios o cooperativas, y a este problema se suman las reversiones por parte del Estado, informó el expresidente de la Cámara de Minería de Cochabamba y presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo.

En este último tiempo las reversiones mineras de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) al sector privado se intensificaron. Laredo denunció que en muchos casos “son dirigidas por intereses de los cooperativistas, en agarrar esas reversiones y trabajar sobre lo hecho”. “Han abusado en revertir concesiones de los privados sin aviso correspondiente, hay muchos que no fueron notificados”, dijo. 

Las reversiones se realizan en el plazo de un año, pero los trámites para impedirla demoran dos. “Los tiempos no coinciden”, indicó Laredo.

Asimismo, explicó que hay casos en que los comunarios y cooperativistas les impiden el ingreso a sus concesiones, por lo que en muchas ocasiones deben cederles ciertas cuadrículas para que los dejen trabajar; también deben pagar por el uso de caminos. 

“No hay autoridad que nos asegure seguridad jurídica, la ley está ahí, pero no lo hacen cumplir. En todo Bolivia tenemos avasallamientos. Queremos la oportunidad y el espacio para trabajar, creemos que hay espacio para todos los operadores; queremos la seguridad jurídica”, dijo.

Detalló que un permiso de concesión minera para las empresas tarda tres años, pero si no tienen el permiso del dirigente de la zona, éste no se otorga. “Todo ese trámite que se hace no vale nada si no tiene el permiso del dirigente, pero en la ley no dice eso en ningún lado. En ese sentido las empresas mineras pasan tiempos muy difíciles”, agregó.

El expresidente de la Cámara de Minería y actual presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Gunter Hass, aseguró que cualquier intento o intervención ajena compromete los planes y realidades de inversión generada por empresas que desarrollan grandes inversiones.

“Sin seguridad jurídica, las inversiones se ven comprometidas como también las proyecciones y mercado internacional, que a futuro generarán un mayor perjuicio en el desarrollo de las actividades productivas y exportadoras y por consecuencia ralentizan el desarrollo económico del departamento”, dijo.

Los Tiempos envió consultas sobre estas denuncias a la AJAM, pero, hasta el cierre de esta edición, la institución no respondió.

 

Denuncian ingreso a territorio indígena

La semana pasada, el Consejo Regional Tsimán Mosetén (CRTM) se declaró en emergencia por el avasallamiento de las empresas mineras a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Pilón Lajas. Asimismo, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana denunció que los ríos Tuichi y Beni han sido cuadriculados para la explotación minera. Los indígenas exigen al Gobierno respetar sus territorios.El Consejo Tsimán se declaró en emergencia ante la irrupción sistemática que están viviendo a causa de la presencia de las cooperativas mineras,y  advirtieron con asumir medidas de presión en caso de que el Gobierno continúe actuando sin consultarles.

Por Jesus

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