Madrid |
El líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, objeto de dos querellas por «torturas» y «genocidio», negó este martes cualquier responsabilidad ante un juez en España, donde su ingreso en un hospital desató una crisis entre Rabat y Madrid.
Hospitalizado desde abril en Logroño por complicaciones derivadas del Covid-19, Brahim Ghali fue interrogado por videoconferencia desde el centro médico donde se encuentra en la localidad del norte de España por un juez de la Audiencia Nacional, alto tribunal madrileño.
La audiencia, cerrada al público, duró una hora y media.
Poco después, el juez de la Audiencia Nacional anunció que rechazaba imponerle a Ghali prisión provisional o retirarle el pasaporte, tal y como pedían las acusaciones, dado que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno» y que accedió a declarar «incluso a la vista de (su) estado de salud», señaló un comunicado del tribunal.
El juez debe todavía decidir si opta por encausarlo o por un sobreseimiento en los casos, en los que no ha sido formalmente inculpado.
Los señalamientos en contra del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, autoproclamada en 1976) son «rotundamente falsos» y tienen «un motivo absolutamente político para (…) minar la credibilidad del pueblo saharaui», afirmó a periodistas su abogado Manuel Olle, dando a entender que Rabat podría estar detrás de las acusaciones.
La audiencia ha suscitado gran interés en España y Marruecos, después de más de un mes de tensión al más alto nivel política y diplomático, que tuvo su culmen cuando, a mitad de mayo, entraron en el enclave norteafricano español de Ceuta unos 10.000 migrantes desde territorio marroquí.
La declaración de Ghali este martes obedeció a una querella por detención ilegal, torturas y crímenes de lesa humanidad presentada en 2020 por Fadel Breika, disidente del Polisario y naturalizado español.
Breika afirma haber padecido «torturas» en el campo de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. La querella fue inicialmente archivada, pero a inicios de año se reabrió.
La otra causa se remonta a 2007, y fue reabierta debido a la presencia en España del líder del Frente Polisario.
La denuncia fue presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) por presuntos delitos de «genocidio», «asesinato», «terrorismo», «torturas» y «desapariciones», cometidos presuntamente en los campos de Tinduf.
El lunes, el ministerio marroquí de Exteriores advirtió que la crisis no se resolverá sólo con la declaración del líder separatista saharaui ante la justicia, y reclamó una investigación «transparente» sobre las condiciones de su llegada a España. Marruecos lo acusa de haber viajado «con un pasaporte falsificado».
El abogado de Ghali defendió este martes que su cliente «no vino escondido» y «entró con su pasaporte».
Marruecos destacó que la crisis es «un examen para la fiabilidad» de la relación bilateral.