Keiko Fujimori se libró ayer de volver a prisión provisional por presunto lavado de dinero, en medio de la campaña que ha emprendido contra los resultados de las recientes elecciones presidenciales de Perú para evitar su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo.

Fujimori continuará en libertad condicional, pero fue apercibida por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por haber incumplido el requerimiento judicial de no reunirse con testigos de su caso, en el que está acusada a 30 años y 10 meses de cárcel.

El magistrado a cargo de tutelar el caso desestimó la solicitud del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez para que regrese a la cárcel pese a que consideró que, efectivamente, había incumplido las condiciones de su libertad.

Esto al considerar que primero debía realizarse un apercibimiento a la acusada y, en caso de persistir en ese incumplimiento, ordenar su regreso a prisión previa solicitud de la Fiscalía.

Entre las condiciones de la libertad condicional que permitió a Fujimori salir de la cárcel en mayo de 2020 tras haber pasado 15 meses en prisión preventiva estaba no reunirse ni comunicarse con otros imputados o testigos del caso.

Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) apareció públicamente en reiteradas oportunidades de la reciente campaña electoral con el abogado y portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular Miguel Ángel Torres, quien está incluido en el caso como testigo.

Apelación

Ante su posible regreso a prisión, Fujimori criticó que el fiscal solicitase su nuevo encarcelamiento el mismo día que anunció que pediría la anulación de más de 200.000 votos de zonas andinas, pobres y rurales donde ha ganado ampliamente Castillo, al considerar, sin medios probatorios, que han sido objeto de fraude.

Al 100 por ciento de los votos contados, Castillo es el virtual presidente electo al haber superado a Fujimori por apenas 44.000 votos, con el 50,12 por ciento de las preferencias frente al 49,87 por ciento de la candidata derechista.

Todos los recursos de Fujimori para anular actas electorales han sido desestimados o rechazados en primera instancia por los jurados electorales, pero ahora está apelando en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú. “Lo que buscamos es saber la verdad y que se haga un análisis de las actas donde hemos encontrado irregularidades”, afirmó Fujimori a la salida del juzgado.

NO HAY EVIDENCIA DE FRAUDE ELECTORAL

Todas las misiones de observación electoral como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) han descartado que haya habido un fraude al no hallar graves irregularidades.

Esto ha sido corroborado por un análisis de las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos, que ha determinado que no hay evidencias de un “fraude sistemático” en las mesas de sufragio como sugiere Fujimori.

Pese a ello, la candidata solicitó ayer a la población que le envíe pruebas o testimonios de cómo sus contrincantes hicieron trampa “en mesa”.

Por Jesus

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