Caracas |
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) medió en la «liberación» de ocho militares venezolanos que fueron secuestrados por irregulares colombianos en una zona de la frontera donde se reportan enfrentamientos desde marzo, indicó ayer la ONG Fundaredes, generalmente bien informada sobre el conflicto.
«Gracias a la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja hoy estos militares están libres», dijo Javier Tarazona, el director de Fundaredes, crítica del gobierno de Nicolás Maduro, en una videoconferencia con corresponsales extranjeros.
«Participó de varias actividades propias de la negociación para la liberación» de los uniformados.
Las autoridades venezolanas informaron el lunes de noche que los militares fueron «rescatados» en una operación, de la que la Fuerza Armada no dio detalles.
Tarazona señaló que hubo una «entrega acordada» de los efectivos retenidos «a cambio del retiro» de las fuerzas venezolanas de la zona del estado de Apure (oeste), donde se vienen registrando enfrentamientos con grupos irregulares desde el 21 de marzo.
«No estamos al frente de un rescate, estamos al frente de una liberación luego de la entrega de territorio, luego de prácticamente darse por vencidas las Fuerzas Armadas frente este pequeño grupo terrorista», fustigó.
Los enfrentamientos en Apure han dejado 16 miembros de la Fuerza Armada venezolana fallecidos, según balances oficiales, y han forzado el desplazamiento de miles de civiles.
Tarazona, que publicó la víspera una fotografía que dijo ser de los militares ya libres, sonriendo y comiendo, explicó que la «liberación» se dio después de varias etapas, que comenzaron el domingo con «los primeros desplazamientos de garantía».
Cuando el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció el 15 de mayo su «infame secuestro», aseguró que la Cancillería venezolana estaba en «coordinaciones» con el CICR para que sirviera «de enlace en la entrega» de los capturados.
Fundaredes había alertado sobre la captura cinco días antes, cuando publicó un documento de presuntos disidentes de las FARC que daba cuenta de ocho uniformados «capturados como prisioneros de guerra» en medio de combates con la Fuerza Armada venezolana.
Las autoridades venezolanas evitan identificar a los grupos irregulares, más allá de llamarlos «terroristas», aunque Maduro reconoció la posibilidad de que se sean disidentes de las FARC.
Venezuela y Colombia, con una frontera común de 2.200 kilómetros, rompieron relaciones en enero de 2019, luego de que el gobierno de Iván Duque reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A Maduro lo tacha de «dictador» y lo acusa de amparar a disidentes de las FARC y combatientes del ELN en su territorio.
Maduro, por su parte, suele involucrar a Duque en constantes denuncias sobre planes de golpe de Estado y magnicidio en su país.