El INRA aclaró que la zona es tierra fiscal no disponible al tener la categoría de área protegida. El 27 de mayo, un grupo de personas ingresó y abrió brechas de ocho kilómetros. La ABT señala que no tiene tuición en el conflicto
En estado de indefensión, así se encuentra el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá. Hasta la fecha, ninguna autoridad nacional responde por el ingreso ilegal de colonos que han tumbado árboles y abrieron sendas que dañan el hábitat del lugar. Un informe de la Fundación Bosque Seco Chiquitano revela que en la zona, cerca de 67 hectáreas fueron desforestadas por el ingreso ilegal de estas personas.
El último asentamiento irregular se registró el pasado 27 de mayo. Pero no es la primera vez que ocurre una situación como ésta. En noviembre de 2020 y en febrero de este año autoridades del municipio de San Ignacio de Velasco, denunciaron el ingreso ilegal de comunidades, denominadas interculturales, a la zona protegida.
En ambas oportunidades, por la presión mediática y acciones legales, los asentamientos fueron abandonados.
Pero la situación cambió. Según denuncia de pobladores de San Ignacio y dirigente cívicos, estas comunidades, formadas por gente del interior, llegaron y abrieron brechas de hasta ocho kilómetros. Incluso, en algunas áreas de las reservas, se armaron galpones.
Es tierra fiscal no disponible
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, aclaró que la reserva del Bajo Paraguá es tierra fiscal no disponible y de acuerdo a las normas legales del país, no corresponde ningún tipo de asentamiento humano.
“No hay autorización del INRA. Cuando son parques (o áreas protegidas) son tierra fiscal no disponible y corresponde a las autoridades competentes, como el Sernap o la ABT. Si es un área municipal, les corresponde a los municipios”, explicó Núñez.
La autoridad sostuvo que no permitirán ningún tipo de ocupación ilegal en tierra fiscal.
Sobre el conflicto se consultó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), pero dice no tener competencia. “Las competencias de la ABT no tienen que ver con ‘avasallamientos’, porque no otorga permisos de asentamientos, menos en áreas protegidas”, informó.
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Sin embargo, Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco, sostuvo que al existir deforestación en el ingreso a un área protegida, la ABT debe poner sus oficios para desalojar a las personas asentadas de forma ilegal.
Recordó que cuando fue alcalde, junto con la ABT, se realizaron gestiones para denunciar las primeras tomas ilegales de tierra.“Las autoridades nacionales y municipales no se pueden hacer los de la vista gorda”, dijo.
Para la nota también se llamó al alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, pero no contestó.
El ingreso ilegal al área protegida de Bajo Paraguá no es el único problema sobre la tenencia de tierra en la Chiquitania.
El presidente cívico de las provincias, Ernesto Serrate, señala que la deforestación y las ocupaciones ilegales afectan a las seis provincias chiquitanas: Velasco, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandóval, Germán Busch y Guarayos.