Según una cuantificación general que realizó el Procurador, el daño que se ocasionó al Estado con el crédito del FMI sería de al menos $us 26 millones.
El rocurador general del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, informó este martes que tras el crédito de $us 327 millones que gestionó el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 2020, se detectó un presunto daño económico al Estado de al menos $us 26 millones.
“Se ha cuantificado en que el daño que ha habido al Estado por un crédito que ilegalmente ha accedido por el gobierno de facto, sin cumplir la Constitución que establece que todo crédito debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional se lo ha hecho a capricho y con otros intereses”, indicó Chávez a los medios.
Según una cuantificación general que realizó el Procurador, el daño que se ocasionó al Estado con el crédito del FMI sería de al menos $us 26 millones. “Tengo una información general que supera los 26 millones de dólares, es más o menos el monto estimado”, indicó la autoridad.
Durante la gestión de la expresidenta Añez fueron desembolsados $us 327 millones, pero no podían ser utilizados porque el Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprobó el crédito, aunque en ese momento no se conocía con claridad si el dinero estaba en el país o no. Una vez que el gobierno de Luis Arce asumió el poder, los recursos fueron devueltos a la institución internacional porque presuntamente se detectó irregularidades.
Según Chávez, el gobierno de transición accedió al crédito del FMI por “capricho” y con otros intereses, ya que para el MAS con ese préstamo se comprometía la soberanía del Estado.
Chávez explicó que la acción de repetición por el daño económico de más de $us 26 millones en el crédito del FMI se realizará una vez que se conozca la sentencia y se identifique a los culpables.
Por el caso del FMI, el Fiscalía determinó el lunes la aprehensión del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, quien es acusado por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La abogada del detenido, Audalia Zurita, manifestó que la retención es irregular porque los fundamentos que emitió el Ministerio Público para la aprehensión son falsos.