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Los exministros César Cocarico, Carlos Romero, Manuel Canelas, Gabriela Montaño y Teresa Morales, además de la expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra refutaron el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) de la Iglesia Católica sobre los hechos de 2019 y ratificaron la retórica de que se produjo un «golpe de Estado» en contra del Gobierno de Evo Morales.

El último en cuestionar el informe de la CEB fue el exministro de Gobierno, Carlos Romero, y señaló que no existió ninguna negociación entre los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante los diálogos que propiciaron varios actores para la pacificación del país, entre ellos la Iglesia Católica, y las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, España y Brasil.

«Áñez asumió por (un supuesto) golpe de Estado, entra por la ventana, asalta el poder político, no es electa porque jamás fue presidenta del Senado y mucho menos se encontraba en línea de sucesión constitucional. La institucionalidad del país fue pisoteada. Nunca hubo una negociación política. Al final son los hechos que hablan por sí solos (…). Nunca se contempló la posibilidad de una sucesión constitucional que considere a un masista, ningún masista debía asumir el poder», precisó.

La semana pasada, la CEB presentó un informe de las memorias de lo sucedido en noviembre de 2019 y los meses siguientes hasta enero de 2020, en el que revela que el partido oficialista negoció la salida de Evo Morales del país antes de encontrar una solución para pacificar el país, que se encontraba sumido en una crisis política y social, con hechos de violencia, en la que unos sectores de la población rechazaban su renuncia y otros que la demandaron, a raíz de los resultados de las elecciones de octubre, que fueron señaladas con indicios de fraude electoral.

La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, descalificó la versión de la Iglesia que afirmó que había rechazado asumir el mandato del país. Además recordó que no la dejaron ingresar a la Asamblea Legislativa. Salvatierra presentó públicamente su renuncia a la presidencia del Senado el 10 de noviembre, la cual fue difundida por los medios de comunicación.

«Nunca acepté la presidencia de Jeanine Áñez, de ninguna manera. Ella asumió en una sesión sin quórum y por tanto ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con violencia policial», afirmó en entrevista con La Razón.

El exministro de Comunicación, Manuel Canelas, admitió que se reunió con la Iglesia días previos a la renuncia de Evo Morales pero justificó los contactos posteriores con el clero.

«La reunión con la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) se produce porque me contacta mi amigo Carlos Cordero, cercano a la institución. Me transmite la preocupación de la CEB por los hechos que se sucedían y la necesidad de conversar», dice una de las cuatro publicaciones que hizo el exministro en su cuenta de twitter.

A esto se sumó la exministra de Salud, Gabriela Montaño, a través de su cuenta oficial en la misma red social, y aseguró que existen contradicciones en el informe que presentaron los obispos.

«Siguen y suman las contradicciones del documento de la iglesia católica: 1. En la pag. 7 aseveran que sorpresivamente se da una serie de renuncias (marcado en rojo). Entre ellas la de Víctor Borda, ¿desconocen acaso que esa renuncia fue porque tenían de rehén a un familiar?», escribió.

Por su parte, la ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y también partícipe de esas reuniones, Teresa Morales, descalificó el informe eclesial y lamentó que ya no esté presente monseñor Eugenio Scarpellini, fallecido en julio de 2020.

Eliminar a Evo

Romero fue más allá en sus acusaciones y manifestó que existía un plan conspirativo el 2019 para aprehender al expresidente Evo Morales y «eliminarlo físicamente».

«Un policía pretendía aprehender al presidente Morales, cuando todavía era presidente (…). Evo Morales, como presidente, no solamente ya no podía usar el avión presidencial, había sido objeto de la insubordinación militar y policial, sino que además había una orden expresa para aprehenderlo al presidente, porque había un plan conspirativo para eliminarlo físicamente y terminar con su vida», sostuvo.

Retórica del «golpe»

El exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en su programa «Acullicando con Cocarico» difundido a través de redes sociales, explicó que el supuesto golpe de Estado se produjo en dos partes: la escalada de violencia impulsada por los opositores que cuestionaron los resultados de las elecciones del 20 de octubre y el segundo hecho, según el exministro, se da a partir de que Jeanine Áñez asumió la presidencia del Estado a la fuerza, sin cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento de la Asamblea Legislativa.

«Esos son los dos factores para el golpe de Estado: la primera etapa son los hechos violencia para obligar a Evo Morales a renunciar, y la segunda parte es la mala aplicación de la Constitución para nombrar a Jeanine Áñez como presidenta», puntualizó.

El informe-memoria de la CEB

Tras la renuncia pública de Morales y su posterior salida del país en noviembre de 2019, se sumaron las renuncias de la línea de sucesión constitucional, en consecuencia, los órganos Ejecutivo y Legislativo «se encontraban acéfalos», lo que generó un vacío de poder, refiere el documento.

«Estas renuncias dejaban al país en un gravísimo vacío de poder que ponía en riesgo el Estado de Derecho. El pueblo boliviano quedó a merced de la violencia social acrecentada esa misma noche» del 10 de noviembre, señala el informe.

Para la Iglesia, el país estaba sumido en un vacío de poder y esa situación fue «reconfirmada» cuando se conoció el comunicado de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, que hacia conocer la declaración del ministro Marcelo Ebrard, indicando que Evo Morales había solicitado asilo político de manera verbal.

La Iglesia hace mención de que los representantes del MAS antes de participar en cualquier diálogo, pidieron garantizar la seguridad de Evo Morales en su salida a México.

Una vez ocurrido eso, prosiguió el diálogo el 12 de noviembre con la participación de la Iglesia; representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la embajada de España; del MAS estuvo la senadora Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y Teresa Morales; Ricardo Paz y Carlos Alarcón de Comunicad Ciudadana; Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso de Unidad Nacional; Oscar Ortiz de Unidad Demócrata; el expresidente Jorge Quiroga y Luis Vásquez; por los Comités Cívicos, Jerjes Justiniano; por el Conade, Rolando Villena, exdefensor del Pueblo.

En ese encuentro, el MAS señaló que no iba a aceptar la renuncia de Morales, tampoco que la senadora Jeanine Añez asuma la Presidencia, sin embargo, propusieron que asuma el mando del país uno de sus legisladores o en todo caso el senador opositor Víctor Hugo Zamora.

El informe refiere que esas propuestas fueron cuestionadas por ser inconstitucionales, además se remarcó que las reuniones no eran para tomar decisiones sino para plantear salidas a la situación conflictiva del país, provocada por el vacío de poder.

«Las opciones que plantearon los participantes de la reunión fueron: que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro», señala el informe.

Por Jesus

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