El secretario General justificó la decisión de cerrar el caso y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero no un delito de fraude porque no figura en el Código Penal boliviano.
Pese al convenio suscrito entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Fiscalía General del Estado (FGE) desconoció el carácter vinculante de la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral del organismo internacional a las elecciones presidenciales en octubre de 2019.
El secretario de general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó ese extremo y justificó que el acuerdo entre ambas partes fue en el marco político y no en el jurídico. A su criterio, para que ese informe tenga carácter vinculatorio debió ser elevado a rango de ley por la Asamblea Legislativa.
«En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (…) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político», justificó Quispe en entrevista con El Deber radio.
El 30 de octubre de 2019, tras las denuncias de irregularidades en el proceso electoral que derivó en un estallido social en todo el país, el canciller Diego Pary y la OEA suscribieron un acuerdo para la elaboración de una auditoría de carácter vinculante, es decir de cumplimiento de las instituciones del Estado. Este convenio entró en vigencia un día después y se viabilizó los canales para la llegada de 36 expertos en temas electorales.
Por otra parte, Quispe aseguró que el informe de la organización fue solo un indicio para continuar con la investigación. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó, el 10 de noviembre de 2019, iniciar la indagación de irregularidades en las elecciones y la detención de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en base a ese documento.
El informe de la auditoría determinó que existió la manipulación de datos en las elecciones de octubre de 2019, que favorecieron al entonces presidente de Evo Morales.
Tras conocer los resultados, Morales aceptó el informe y convocó a nuevas elecciones con nuevos vocales del Tribunal Electoral y nuevos actores políticos. Incluso, hizo un llamado a la pacificación. Empero, estas acciones fueron tardías, el descontento creció y derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia.
Por otra parte, el secretario general de la Fiscalía defendió el informe presentado por el Grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca, que no encontró manipulación de datos, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables. Aunque su investigación fue limitada al ámbito informático y no a la cadena de custodia ni a la alteración de actas.
Asimismo, justificó la decisión de cerrar el caso de fraude electoral y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero que no un delito de fraude, que no figura en el Código Penal boliviano.
«Nace la necesidad de contar con una pericia, con un grupo de expertos que puedan determinar de manera efectiva, técnica y científica si la base de datos correspondiente al cómputo oficial fue vulnerado o hubiese existido alguna manipulación informática. Si revisamos estrictamente el código penal no existe el delito de fraude electoral», indicó.