El Consejo Nacional de Salud (Conasa) se declaró en emergencia en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 4542, que reglamenta la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, debido a que ratifica la prohibición de la suspensión o interrupción de los servicios de salud, además de las sanciones administrativas o, incluso, penales.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, convocó a una reunión de emergencia después de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial. Después de cuatro horas de debate, el Conasa determinó sacar un pronunciamiento ratificando su rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria “que no fue consensuada” y cualquier otra reglamentación.
La norma que reglamenta la ley, desde un principio, fue rechazada por el sector médico porque, según señala, vulnera su derecho a la protesta. Los sectores también observaron que la ley transgrede las competencias de Gobiernos subnacionales, entre otras críticas.
Según el decreto emitido, en su artículo 17 se señala que “durante la Emergencia Sanitaria, queda prohibida la suspensión y/o interrupción de los servicios de salud, de ser así, de oficio o por denuncia ante las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, ejercerán medidas sancionatorias o administrativas, de corresponder, pondrán en conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento penal”.
Paro de la CNS
El decreto reglamentario se publicó cuando los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) y pacientes intensificaron ayer su protesta y reinstalaron el segundo piquete de huelga en demanda de la renuncia de la actual gerente de la institución por la falta de medicamentos en centros hospitalarios.
En tanto, la Defensoría del Pueblo anunció la apertura de un caso de oficio por la gasificación a pacientes renales y con cáncer afectados el miércoles.
El pedido de destitución de la gerente general de la CNS se planteó hace dos meses, pero ante la falta de atención de las autoridades del Ministerio de Salud, que pidió el 30 de junio un cuarto intermedio, los pacientes renales y oncológicos, iniciaron un paro nacional indefinido movilizado este lunes con protestas y piquetes de huelga de hambre junto al Sindicato de Trabajadores de la CNS de La Paz, exigiendo la renuncia de la gerente general de la CNS, Silvia Gallegos. La responsabilizan por la falta de medicamentos e insumos en el seguro, mala administración y baja ejecución presupuestaria.
Ayer se sumaron a la protesta los trabajadores de la CNS de Oruro y anunciaron el traslado de varias regionales del país a apoyar la medida de presión. Asimismo, medios locales reportaron amagos de enfrentamientos entre simpatizantes del MAS y el sector movilizado.
Hace dos semanas, Gallegos sostuvo que no renunciará al cargo en la institución y el único que puede decidir eso es el presidente, Luis Arce.
Reclamo de la Defensoría
La defensora del pueblo, Nadia Cruz, informó que se está abriendo un caso de oficio en la Defensoría para investigar la gasificación reportada el miércoles por parte de efectivos antimotines a los movilizados que afectó a pacientes renales y con cáncer.
“Ha habido una falta de respuesta transparente, honesta, por parte de las autoridades de la Caja Nacional. Entendemos que este pedido de destitución obedece a aquello y, lastimosamente, no vemos tampoco un cambio de actitud o una respuesta más fundada o alguna señal por parte de la Caja Nacional para responder a esta población”, manifestó la defensora Nadia Cruz.
Cuestionó que, hasta el momento, las autoridades de la CNS no hayan dado respuesta a los pedidos de esta población.