Comunidad Ciudadana (CC) observó al menos siete riesgos en la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que el MAS aprobó en la Cámara de Diputados y advirtió que esta norma es un peldaño importante para la construcción de un “estado policíaco”.
“Esta ley es uno de los peldaños importantes para la construcción del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión constituye la regla y el ejercicio de los derechos la excepción, conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado, que actúan como agentes de represión del Estado al servicio de intereses y móviles políticos”, señaló CC.
CC aseveró que los riesgos de la ley son que con esta ley se dará un “Subalternización de la Fiscalía General del Estado”, puesto que la norma incluye de manera subalterna a la Fiscalía General del Estado, como un miembro, dentro de un Consejo Nacional, compuesto por siete miembros, 6 de los cuales son componentes del Gobierno Nacional. En este contexto desaparece su independencia e imparcialidad.
Además, CC señala que la ley es un atentado contra la libertad de prensa, porque de manera general elimina la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información dentro del marco de sus atribuciones. En caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación estos no podrán invocar la reserva de fuente.
La norma, además, impone la censura previa a los periodistas y medios de comunicación tratándose de información producida y difundida por la UIF porque prohíbe desde su interpretación hasta su divulgación y publicación.
En tercer lugar, la ley otorga poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados. “Confiere poderes sancionatorios a la UIF y a entes privados designados por la UIF, de naturaleza administrativa, para imponer sanciones a sujetos obligados por la Ley cuando no tengan otra autoridad específica de supervisión”.
La cuarta observación es que se politiza las actividades de investigación y juzgamiento. “Involucra al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado en el inicio de las actividades investigativas, en la identificación y rastreo de bienes para incautación y decomiso, y en la participación activa dentro de los procesos ya instaurados, politizando la persecución penal del Estado.
Asimismo, CC observa que hay sujetos obligados por la Ley a reportar transacciones sospechosas, sin límite inferior de monto. “Incluye como Sujetos Obligados, entre los más destacados, a toda persona natural o jurídica que se dedique a actividades financieras, actividades comerciales, Compra y venta de inmuebles y autos, entre otros.
Además, CC asevera que la ley otorga súper poderes de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna y eficaz. “El allanamiento es una medida coercitiva penal relativa a domicilios, viviendas, inmuebles, locales comerciales y otros por el estilo. Se les otorga este poder a los fiscales sin necesidad de requerir mandamiento judicial”.
“También el poder de disponer por 24 horas la anotación preventiva de bienes y retención de fondos y Establece como poderes de investigación para los fiscales el agente encubierto, la entrega vigilada, el pago al informante y el colaborador eficaz. En el contexto de un Ministerio Público subordinado al poder político y que carece de idoneidad profesional”, señala.
Asimismo, CC indica que la ley contra la legitimación establece el juzgamiento en rebeldía. “Establece el juzgamiento en rebeldía con asignación de un defensor de oficio, en abierta contradicción con los principios constitucionales de la defensa en juicio y de la igualdad de trato en un proceso judicial”.