En menos de una semana, cinco trabajadores de la prensa fueron agredidos durante coberturas periodísticas en el eje del país. La Defensoría del Pueblo pidió garantías para el trabajo periodístico y las asociaciones de prensa repudiaron las agresiones.
El pasado viernes, uno de los miembros de seguridad de presidente Luis Arce arremetió contra un fotógrafo del periódico El Deber, de Santa Cruz.
El mandatario en uno de sus recorridos por la feria Expocruz perdió un zapato, algo que el fotógrafo intentó registrar, sin embargo, un miembro de seguridad puso su mano en el lente y junto a otros lo llevaron a empujones a un rincón hasta que la aparición de un camarógrafo de televisión evitó de que el incidente pasara a mayores, según indica ese medio de comunicación.
Ayer, el periodista Miguel Rojas Fernández, del diario Opinión de Cochabamba, fue agredido cuando registraba las agresiones de parte de supuestos partidarios del alcalde Manfred Reyes Villa, contra una persona en aparente estado de embriaguez a la que echaron de un espacio público e incluso empujaron al piso.
En la grabación el periodista registra parcialmente esos sucesos hasta que un grupo de personas empieza a increparlo y lo golpea.
Hoy, el periodista Carlos Quisbert, de Página Siete de La Paz, fue detenido por la Policía durante la cobertura del conflicto cocalero en Villa Fátima. En horas de la tarde, el periodista fue liberado.
En tanto, el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, ambos afiliados de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, fueron gasificados por la Policía.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia exhortó este martes “a las autoridades de Estado y a servidores públicos a garantizar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional reconocido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y ratificados por Bolivia, considerando que la labor que éstos cumplen aporta al fortalecimiento de la democracia”.
Organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba anunciaron que presentarán una denuncia por ese hecho ante la Fiscalía, según una nota de la agencia EFE.
En el caso de Santa Cruz, ya hubo un pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa en el que se calificó la acción como un «exceso».
Ante los nuevos incidentes, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) repudiaron “la inconstitucional y violenta aprehensión del periodista Carlos Quisberth, de Página Siete, y la gasificación del camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, de una agencia internacional de noticias, cuando cubrían el conflicto en la Adepcoca”.