Un grupo de 10 reconocidos abogados bolivianos presentó este miércoles una propuesta para la reforma de la justicia mediante un referendo que modifique 12 artículos de la actual Constitución Política del Estado e incorpore dos nuevos. El objetivo del planteamiento apunta a la designación de jueces independientes e idóneos, mejorar la asignación presupuestaria y lograr una administración judicial para todos.
Sobre la designación de jueces independientes, los abogados proponen conformar la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por personas de reconocido prestigio, para que elaboren ternas cerradas que serán elegidas por la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos, con el fin nominar a los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura.
Por otro lado, «planteamos que, al menos el 3% del presupuesto general anual sea destinado al Órgano Judicial, debiendo estar inscrito en la Constitución no siendo ‘negociable’ con el ministro de finanzas de turno», dice el documento.
También propone revaloirizar la justicia indígena originaria campesina que ha sido desvirtuada, en la misma Constitución, por el concepto y la denominada «ley de deslinde».
También requerimos establecer en nuestra Constitución la Justicia de Paz, que es aquella que imparten, en los centros urbanos, jueces ciudadanos, elegidos por la propia comunidad, resolviendo todos los conflictos menores
«Nuestra propuesta está contenida en 12 artículos modificatorios y en 2 artículos nuevos, de la CPE. Hoy la entregamos a la opinión pública para iniciar el debate en todos los niveles de nuestra sociedad, para que entre todos acordemos una propuesta final, que será la que llevemos a Referendo Popular para su aprobación mediante el voto de la gente. La gente cambiará la justicia, para que ésta sirva a la gente», señala la parte final del resumen entregado este lunes por parte del equipo de abogados en el que destacan el exmagistrado Gualberto Mamani, el exalcalde de La Paz Juan del Granado, el constitucionalista José Antonio Rivera y la exviceministra Katia Saucedo.
Los abogados que proponen los cambios son los siguientes: José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago.
El equipo de abogados busca tres grandes objetivos que pasarán a ser sometidos al voto ciudadano en un referendo constitucional.
Esta es la propuesta presentada por los abogados.
1. Reforma para tener jueces independientes, imparciales e idóneos. El sometimiento de los jueces al poder político, su carencia de imparcialidad e idoneidad, se origina en la selección político-partidaria de los postulantes, especialmente a jueces supremos. La idoneidad profesional y personal, la experiencia y los conocimientos especializados deben de ser el único parámetro para elegir jueces, vocales y magistrados.
Para ello proponemos que la selección y calificación de postulantes a Magistrados, nunca más sean realizadas por ningún nivel político. Planteamos que la Constitución cree la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por seis ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio personal, dos nominados por la mayoría y minoría parlamentaria, dos por el sistema Universitario Nacional, uno por el Colegio Nacional de Abogados, y uno por el sistema indígena originario, quiénes, en base a méritos y exámenes de competencia, deberán elaborar ternas cerradas sobre las cuales, en un primer momento, la Asamblea Legislativa, por 2/3 del total de sus miembros, nomine a los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Pero dicha nominación parlamentaria no será definitiva. Los nominados por la Asamblea Legislativa tendrán que someterse en 45 días al veredicto ciudadano, mediante Referendo Popular que los ratifique o los deniegue.
La propuesta de Reforma parcial modifica los Arts. 158-5, 181, 182, 183 y 187 de la CEP.
2. Reforma para un presupuesto judicial digno y bien administrado.
Tenemos un mísero presupuesto judicial anual que no llega siquiera al 0.5% del presupuesto general del Estado, lo que hace de la administración de justicia un «servicio» miserable, con pocos jueces y funcionarios, hacinados en las ciudades capitales, con sueldos bajos y sin condiciones mínimas de trabajo, lo que genera ineficiencia, retardación y es el caldo de cultivo para las coimas y la corrupción. No es posible un buen servicio judicial sin presupuesto digno. Por ello planteamos que, al menos el 3% del presupuesto general anual sea destinado al Órgano Judicial, debiendo estar inscrito en la Constitución no siendo «negociable» con el ministro de finanzas de turno.
Pero, además, proponemos garantizar su correcta administración con un eficiente y nuevo Consejo de la Magistratura que tenga idoneidad técnica y esté dotado de todas las atribuciones presupuestarias, disciplinarias, de nombramiento de jueces y de manejo de una verdadera carrera judicial, que nos garantice jueces idóneos e independientes en toda la estructura judicial del país.
Para ello se deberán modificar los Arts. 178, 193 y 194 de la CPE.
3. Reforma para tener una Justicia para todos, revalorizando la justicia indígena originaria campesina, y estableciendo la justicia de Paz.
Hoy tenemos una justicia para pocos, no solo por sus costos o porque no tenemos jueces suficientes, sino porque todo conflicto es convertido en pleito, en trámite judicial interminable a cargo de jueces y abogados.
Para ello proponemos revalorizar a la justicia indígena originaria campesina que ha sido desvirtuada, en la misma Constitución, por el concepto y la denominada «ley de deslinde» que vuelve a subordinar a los sistemas jurídicos originarios a la justicia ordinaria, obligando a nuestros pueblos y naciones a acudir a jueces y leyes que le son ajenas y que no resuelven sus problemas
De igual manera el Tribunal Constitucional Plurinacional, solo tiene el nombre ya que, en la práctica, no hay presencia indígena en este tribunal máximo, lo que cotidianamente viola el principio de igualdad de todas las jurisdicciones.
Finalmente, requerimos establecer en nuestra Constitución la Justicia de Paz, que es aquella que imparten, en los centros urbanos, jueces ciudadanos, elegidos por la propia comunidad, resolviendo todos los conflictos menores en base a criterios de equidad, de amigable composición y de mediación ciudadana, evitando que esos diferendos entre vecinos se entrampen en los juzgados.
Para relanzar la justicia indígena originaria campesina incluyendo al Tribunal Constitucional, tenemos que modificar los Arts. 179, 190, 191, 192, 197 y 198 de la CPE. Para implantar los jueces de Paz proponemos un nuevo artículo en el texto constitucional.