Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron que el Gobierno lleva a Bolivia la imposición de un “Estado policial” y que se avanza hacia el “totalitarismo” con el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado en Diputados el pasado viernes.
“La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”, escribió el líder de CC, Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, dio a conocer siete cuestionamientos al documento que se encuentra en el Senado para su sanción respectiva.
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo que se cree afecta el trabajo periodístico o la participación del Ministerio de Justicia y Procuraduría que tienen “participación activa en procesos penales ya instaurados”.
Se plantea la “subalternización” de la Fiscalía General del Estado, debido a que incluye a un miembro de esa institución en un Consejo Nacional compuesto por otros seis integrantes del Gobierno.
“Atentados contra la libertad de prensa. De manera general elimina la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información dentro del marco de sus atribuciones. En caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación estos no podrán invocar la reserva de fuente (art. 11). Impone la censura previa a los periodistas y medios de comunicación tratándose de información producida y difundida por la UIF, porque prohíbe desde su interpretación hasta su divulgación y publicación (arts. 14 II y 21)”, cuestionó.
Además, da potestades a los fiscales para hacer anotaciones preventivas de bienes y retención de fondos antes que dicho acto se ejecute por un juez, entre otros aspectos cuestionados.
Creemos afirma que el proyecto forma parte de una “política legislativa encaminada a violentar la libertad de expresión, libertad de asociación, económica, privacidad y secreto bancario”.
Observó que los registros de Derechos Reales y de Comercio se constituyen en medios “para consolidar la persecución política en contra de opositores y de cualquier ciudadano que piense diferente-
“El MAS está utilizando a la Asamblea Legislativa para consolidar una dictadura en el país. (…) Advertimos que el legislativo no puede frenar estas leyes injustas porque hoy por hoy ha sido recortado en sus derechos de eliminar los 2/3. La sociedad civil organizada debe generar las gestiones y reclamos necesarios para no dejar que este proyecto dictatorial y totalitario se consolide con la consecuente destrucción de derechos humanos, sociales y económicos”, señala CC.
Habrá una evaluación internacional
“La ley que se ha aprobado en grande y detalle en la Cámara de Diputados no vulnera la Constitución Política del Estado ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión”, señaló la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, en una rueda de prensa en La Paz.
Aseguró que la norma “no se aplica a los periodistas y a los comunicadores”, es para los ‘sujetos obligados’.
Esto son “bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda’, entre otros.
Es importante la norma para que Bolivia no esté en la “lista gris”, porque en la presente gestión, será sometida a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).