Las víctimas acudirán a tribunales internacionales para lograr la reparación que recomendó el informe del GIEI

Ataúdes de las víctimas fueron transportados hasta inmediaciones del puente Huayllani, donde ocurrieron los enfrentamientos con los uniformados. Foto: APGAtaúdes de las víctimas fueron transportados hasta inmediaciones del puente Huayllani, donde ocurrieron los enfrentamientos con los uniformados. Foto: APG

Familiares de fallecidos, heridos y detenidos de los sucesos de los hechos de 2019 y 2020 preparan un primer piquete de 20 personas que iniciarán una huelga de hambre desde el lunes por el incumplimiento de los compromisos que tenía el Gobierno. El activista de DDHH de El Alto, David Inca, dijo que ahora la condición para dialogar es “cumpliendo los compromisos”.

“Son los ministros los que tienen que estar, los hermanos han decidido que ya no vamos a aceptar servidores públicos porque ellos no tienen capacidad de decisión, deben estar autoridades, ministros en este caso”, dijo el activista que representa a las víctimas de esos hechos.https://4225ad5da42c3d4cbf69eb1400909523.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Este viernes debía realizarse una reunión en la ciudad de El Alto con las autoridades de Gobierno, en ese encuentro debían informar sobre los acuerdos que lograron en noviembre y que hasta el momento no se cumplen, sin embargo el mismo fracasó. 

Inca refirió que la principal autoridad que firmó los acuerdos fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada en una extensa reunión y comprometió la asistencia de otros ocho ministerios que debían cumplir los compromisos. Se trata de los ministerios de Justicia, sobre los casos en los estrados judiciales; el Ministerio de Gobierno, sobre los acusados que están prófugos; de Defensa, sobre los militares implicados en los hechos; de Economía, por las reparaciones económicas que plantearon al Gobierno; de Desarrollo Productivo, respecto de los emprendimientos que plantearon los afectados; de Trabajo por las fuentes laborales para las familias; de Salud, por la reparación de todos los heridos; y de Educación, por la garantía de estudio para los hijos de las víctimas.

Ninguno de los acuerdos fue honrado por las autoridades y el día que firmaron los documentos los propios afectados advirtieron que iniciarían una extrema medida si es que no se cumplía el compromiso, las dos reuniones planteadas en ese entonces fracasaron y por eso se tomó la decisión de ir a la huelga.

Inca teme que suceda lo mismo que pasó con las víctimas de la Guerra del Gas de octubre de 2003 que hasta el momento trajinan en busca de ayuda y nunca les repararon los daños a los heridos y familias de los fallecidos. Sin embargo, recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció responsabilidad del Estado boliviano y por tanto ese documento les abre las puertas para procesar al Estado y lograr la reparación que exigen.// Por: El Deber

Por Juan de Dios Peña Gomez

Gerente Administrador de Taxi-Noticias

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